La iniciativa plantea modificar la normativa vigente que organiza el sistema de rutas del país, con el argumento de que la actual clasificación ya no responde a las necesidades de conectividad y planificación urbana que se han desarrollado en los últimos años.
El proyecto sostiene que las costaneras dejaron de ser vías exclusivamente municipales y se convirtieron en corredores estratégicos por su alto volumen de circulación y su impacto en la movilidad dentro de la capital, además de su potencial para impulsar el desarrollo urbano, turístico y económico.
Con este cambio, el MOPC asumiría la responsabilidad sobre la administración, mantenimiento y modernización de estos tramos, lo que implicaría su incorporación a estándares de infraestructura considerados de interés nacional.
En paralelo, la comisión también analizó otras propuestas vinculadas a obras viales en el interior del país, orientadas a la expropiación de inmuebles para facilitar proyectos de asfaltado en zonas productivas.
Estas iniciativas apuntan a mejorar la conectividad en áreas con fuerte actividad agrícola y ganadera, buscando potenciar la competitividad mediante mejores condiciones de acceso y transporte.
Como parte del tratamiento legislativo, los proyectos fueron ajustados y unificados en una sola propuesta, con el objetivo de agilizar su avance y consolidar las intervenciones previstas en materia de infraestructura.