Habilitan intervenciones municipales en medio de sospechas de corrupción
La reactivación del estudio de las intervenciones fue impulsada por el diputado disidente Roberto González, quien argumentó que la medida responde a reclamos ciudadanos de distintas localidades que exigen claridad sobre el manejo de sus municipios. Según expresó, el avance del proceso permitirá evidenciar qué legisladores están dispuestos a respaldar medidas de transparencia y quiénes optarían por proteger a autoridades cuestionadas. El análisis de los casos fue agendado para el próximo 21 de abril.
Entre los intendentes alcanzados por los pedidos figuran Hernán Rivas, jefe comunal de Tomás Romero Pereira; Tomás Olmedo, de Ñemby; Vidal Argüello, de Yby Yaú; César Machuca, de Ybyrarobaná; Silvio Peña, de Emboscada; Elvio Coronel, de Juan León Mallorquín; y Juan Manuel Ávalos, de Lima. En todos los casos, las respectivas juntas municipales ya habían dado curso a solicitudes de intervención por supuestos hechos de corrupción.
En particular, sobre la administración de Rivas pesan denuncias que apuntan a un presunto perjuicio patrimonial de alrededor de G. 9.000 millones, entre recursos provenientes de royalties y fondos propios. Las acusaciones también incluyen cuestionamientos a obras públicas ejecutadas con maquinaria estatal sin que ello se reflejara en una reducción de costos para la comuna.
En el caso de Ñemby, la gestión de Olmedo arrastra investigaciones por un faltante cercano a G. 700 millones, además de procesos por supuesta lesión de confianza, estafa y utilización de documentos falsificados.
El avance de estos expedientes se produce en un contexto político marcado por las próximas internas partidarias previstas para junio, lo que genera suspicacias sobre posibles acuerdos entre sectores para proteger candidaturas con miras a la reelección.
En contrapartida, la mayoría oficialista en Diputados rechazó pedidos de informes promovidos por el legislador opositor Raúl Benítez relacionados con procesos licitatorios en Itaipú Binacional. Las consultas apuntaban, entre otros puntos, a contratos para el alquiler de vehículos y a millonarios desembolsos en concepto de publicidad.
Mientras tanto, en el Senado ya se formalizó una iniciativa que propone redirigir parte de esos recursos hacia el sistema de salud pública, en un intento por reorientar el gasto hacia áreas consideradas prioritarias.
La simultaneidad de decisiones —avanzar con intervenciones municipales mientras se limita el acceso a información sobre Itaipú— vuelve a colocar en el centro del debate la coherencia del discurso oficial en materia de transparencia y control del uso de fondos públicos.