Gremios piden sancionar a parlamentarios por incitar ocupaciones
Los gremios agroganaderos formalizarán esta mañana un pedido de sanciones disciplinarias para los senadores Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), y Sixto Pereira y Hugo Richer, del Frente Guasu, por apología del delito e incitación a cometer hechos punibles, en relación a supuestas arengas para la ocupación de tierras privadas en los asentamientos de Pindó, en Curuguaty, y Guaraní del Este, en Alto Paraná.
Según adelantó a El Nacional el abogado de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Diego Torales, el pedido al Senado lleva las firmas del titular de los ganaderos Pedro Galli, Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), y Eugenio Schöller, de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), entre otros.
“Estamos pidiendo a la Cámara de Senadores que se tomen medidas disciplinarias contra estos tres senadores que en su carácter de tales no pueden hacer apología del delito en un lugar vulnerable, una estancia invadida, deforestada, donde se han quemado casas patronales, se han hurtado corrales, se quemaron camionetas, se ha privado de su libertad a su representante legal; y básicamente ellos (los parlamentarios) fueron a amparar estos ilícitos”, señaló Torales.
El abogado agregó que en las próximas horas también estarán presentando a la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los parlamentarios por violación a los artículos 237 y 238 del Código Penal, que versan incitación a cometer un hecho punible y apología del crimen, castigados con multas y penas privativas de libertad de tres a cinco años.
Desde la ARP y la UGP, ni Galli ni Cristaldo quisieron abundar en detalles sobre el tema. Galli se excusó de haber viajado al Chaco, y Cristaldo, que ya había anunciado hace dos días su intención de denunciar penalmente a los parlamentarios, prefirió dejar la cuestión en manos del equipo jurídico.
La polémica, incluso, se instaló en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde varios legisladores acusaron de “irresponsables” a los senadores denunciados por los gremios empresariales.
El titular de la Cámara Pedro Alliana había ya adelantado a los medios antes de la sesión que su partido impulsaría una declaración de “repudio”. “Vamos a repudiar como bancada y como partido”, dijo. Agregó que en la ANR “siempre hemos sido muy respetuosos de la Constitución Nacional, de las leyes, y de la propiedad privada; somos un partido agrarista, pero no por eso tenemos que incentivar el atropello a la propiedad privada”.
Proyectos de expropiación
Ninguno de los parlamentarios denunciados reconoce haber incitado crimen alguno. Reconocen sí haber estado en ambos asentamientos, pero como miembros de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, de la que Santacruz es presidente.
“Nos constituimos en Pindó y Guarani del Este por unas notas presentadas por las comunidades al Senado; yo soy el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, y decidimos ir a verificar lo que denunciaba la gente de estos asentamientos, que son asentamientos de varios años; el caso de Pindó es de ocho años, tiene casi 500 familias; en Guaraní del Este hay 105 familias; estuvimos en un pequeño acto, pero en ningún momento nosotros incentivamos las invasiones”, afirmó Santa Cruz.
El tema tomó estado público mediante publicaciones periodísticas basadas en dos videos subidos a Facebook por la Asociación de Productores “Joaju”, y el posterior anuncio que hizo Cristaldo de encaminar una denuncia penal que los gremios agronadaderos estarían finalmente concretando esta semana.
Torales informó que tenían intención de presentar la denuncia ayer, pero “todavía el escrito no fue firmado por todos los gremios de productores interesados”.
Cabe señalar que en ninguno de los videos que sirvieron a las denuncias periodísticas se escucha a los parlamentarios proferir las frases que le adjudican los artículos. El mismo corresponsal de uno de los diarios que se hizo eco de la reunión admitió que “al momento de tomar nota pudimos involuntariamente no haber transcripto las expresiones exactas del senador", Richer en este caso.
Los videos fueron subidos el sábado 3 pasado. En el primer video, de 01:30 minutos, aparece Santacruz; y en el segundo, Richer, con una duración de 05:51 minutos.
Según la asesoría jurídica de la ARP, los gremios empresariales disponen de “todas las pruebas” para avanzar con la causa. Torales, sin embargo, no precisó si tales pruebas son los videos de “Joaju”, o si disponen de otros elementos probatorios que no fueron hechos públicos.
“Ojalá que nos denuncien, hay que confrontar esta situación; ellos partieron de una manipulación, el video está ahí, el audio está ahí”, afirmó en tal sentido el senador Hugo Richer.
El senador luguista afirmó que no le sorprende la reacción de los gremios agroganaderos, porque “todos aquellos que critican este modelo, que a ellos les beneficia; todos van a ser criminalizados, y van a usar la cuestión judicial, van a defender todos sus privilegios; y si hay que recurrir a organismos internacionales, ellos lo van a hacer; no tienen ningún interés en construir algo más comunitario, más respetuoso en un estado de derecho”.
Denuncian persecusión
Tanto Santacruz, como Richer y Pereira, acusaron a los gremios empresariales de estar detrás de una “persecución política”, por cuanto ambos asentamientos “están en tierras malhabidas en la época de la dictadura, según la Comisión de Verdad y Justicia, y lo que pretenden es que no se investigue el origen de estas tierras”, tal lo afirmado por el senador del PDP.
El parlamentario relató que las familias que ocupan el establecimiento ganadero Pindó, en Curuguaty, desde el 1 de marzo de 2012, disponen de tendido eléctrico con un total de 21 transformadores de la ANDE, 21 kilómetros de camino vecinal en buenas condiciones; almacén en sistema cooperativo, escuelas, locales religiosos, y unas 1500 hectáreas de cultivos de banana, mandioca, maíz, poroto, maní, cítricos, viveros, yerba mate; vacas lecheras, porcinos y aves.
En una situación similar se encuentra Guaraní del Este, en Alto Paraná, una ocupación de 16 años, y que también cuenta con viviendas, escuela, capilla, caminos vecinales, y cultivos de subsistencia.
Ambas ocupaciones fueron objeto de proyectos de ley de expropiación que nunca llegaron a la plenaria de ninguna de las cámaras del Congreso.
En el caso de Pindó, se ensayaron dos proyectos de ley, el de los diputados Andrés Giménez y César López, de agosto de 2012, que fue archivado el 25 de setiembre de 2018; y otro, de diciembre de 2014, de los senadores Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Hugo Richer y Sixto Pereira, que se perdió con el incendio del Congreso, en el famoso 31M.
La bancada completa del Frente Guasú impulsa desde agosto pasado y por tercera vez un proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Indert las tierras ocupadas en Guaraní del Este, propiedad de Porfirio Recanate; y se disponen a encaminar una nueva expropiación de las tierras ocupadas de Pindó.
Los parlamentarios argumentan que las visitas a los asentamientos, donde supuestamente ocurrieron las arengas que denuncian los gremios empresariales, se inscriben en el trabajo legislativo de cara a avanzar con sus iniciativas de expropiación de las tierras que ocupan las familias campesinas.
“Nosotros estuvimos ahí como parlamentarios y nuestra función es escuchar las partes, ver el tema del problema social, hacer los estudios de la tierra, si legalmente están en condiciones, hablar con los los propietarios; y luego nosotros con los recursos disponibles en la Constitución Nacional plantear las negociaciones vía Indert, y la expropiación”, señaló el luguista Sixto Pereira.
“Hay que entender que Pindó, que es de la familia Bendlin, vendedor de armas, que negoció esas tierras con la entrega de un avión inservible en plena dictadura, que tampoco es sujeto de la reforma agraria; lo mismo (Porfirio) Recanate en Guaraní del Este; para ellos la tierra es una alcancía”, añadió. Acusó a los gremios empresariales de “ser lo más retardatario del país”.