Funcionaria planillera evita juicio por certificados falsos por donación de G. 10 millones
La salida procesal fue la suspensión condicional del procedimiento, tras un acuerdo que incluyó el compromiso de realizar una donación económica.
El caso se originó a partir de una acusación fiscal por el uso de documentos falsificados para justificar reposos médicos, con los que se habrían cubierto decenas de días de inasistencia en un periodo relativamente corto. Las irregularidades detectadas incluían inconsistencias en las fechas de consulta médica y la emisión de los certificados, lo que motivó la investigación penal.
Durante la audiencia preliminar, la defensa de la funcionaria planteó la aplicación de una salida alternativa, argumentando la baja expectativa de pena prevista para este tipo de hechos. El pedido contó con la conformidad del Ministerio Público y fue finalmente admitido por el juzgado.
En la misma causa también se encontraba procesado el profesional de la salud que habría expedido los certificados cuestionados, quien accedió a una medida similar. Ambos quedaron sujetos a una serie de condiciones establecidas por la Justicia.
Como parte de las reglas impuestas, Saucedo deberá realizar una donación de G. 10 millones, que será entregada en cuotas a una organización benéfica, mientras que el médico deberá aportar un monto equivalente a otra institución. Además, deberán cumplir con restricciones como la prohibición de salir del país sin autorización, la obligación de informar cambios de domicilio y la comparecencia periódica ante el juzgado.
El caso vuelve a poner en foco antecedentes polémicos de la funcionaria, quien ya había sido señalada anteriormente por irregularidades en su desempeño dentro de la entidad binacional, en medio de cuestionamientos por ausencias laborales y su vinculación con actividades políticas. Pese a ello, había retornado a funciones con una remuneración elevada, lo que en su momento generó críticas.
Con esta resolución, el proceso penal queda suspendido bajo condiciones, evitando que el caso avance a juicio oral, aunque sujeto al cumplimiento estricto de las medidas impuestas por el juzgado.