Fulminante auditoría: Jara intentó calzar sus números, pero la CGR le encontró G. 3.437 millones sin origen claro

Los cambios afectan los ejercicios fiscales comprendidos entre 2020 y 2023 y, lejos de disipar dudas, abrieron un nuevo frente de cuestionamientos sobre el origen del dinero declarado, la validez de los respaldos presentados y la consistencia general de sus movimientos financieros.

La secuencia se activó tras el informe elaborado por la Contraloría, que había detectado una abultada brecha patrimonial sin justificación clara. En ese contexto, Jara acudió a la DNIT para modificar sus presentaciones tributarias de años anteriores. Sin embargo, el alcance de esas rectificaciones terminó generando todavía más ruido, debido a que incluyeron variaciones abruptas tanto en ingresos como en egresos, con argumentos que ahora están bajo la lupa de los organismos de control.

Uno de los puntos más llamativos se concentra en el ejercicio 2023. De acuerdo con la nueva declaración, los ingresos de Jara treparon de forma extraordinaria, con un salto de 482,6% respecto a lo que había consignado inicialmente. La cifra declarada pasó de poco menos de G. 600 millones a más de G. 3.492 millones. Para justificar ese incremento, el ex titular de Petropar invocó un contrato privado de prestación de servicios por US$ 400.000, supuestamente cobrado íntegramente en efectivo. Ese detalle encendió aún más las alarmas, ya que la ausencia de bancarización dificulta seguir la ruta del dinero y verificar con precisión su trazabilidad.

La Contraloría consideró que esa explicación no resulta suficiente para otorgar solidez probatoria a la rectificación. Más aún, al proyectar el escenario patrimonial incluso con esos nuevos montos incorporados, el análisis concluye que persiste un faltante financiero superior a G. 1.135 millones. Es decir, aun aceptando los cambios introducidos por Jara, la inconsistencia no desaparece.

Pero el foco no quedó solo en los ingresos. También se observaron modificaciones drásticas en los egresos deducibles del año 2020. En su declaración original, Jara había reportado gastos por G. 515,5 millones. Luego, tras la rectificación, ese monto cayó a apenas G. 3,45 millones, una reducción de 99,3%. La explicación presentada fue la existencia de "comprobantes deteriorados", un argumento que también fue recibido con escepticismo por los auditores.

A esto se agregan otros documentos que incrementan las dudas sobre la solidez del descargo. Entre ellos aparecen recibos privados comunes por cobro de intereses por montos que superan los G. 492 millones, sin respaldo dentro del sistema financiero formal. Para el órgano de control, este tipo de papeles no permite acreditar con suficiente certeza ni el origen ni el movimiento real de los fondos.

Las observaciones de la Contraloría no son menores. El informe sostiene que ya en una revisión anterior se había detectado una suma superior a G. 3.437 millones sin origen claramente determinado. También se había objetado la veracidad de activos financieros declarados por Jara, entre ellos G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en cuentas a cobrar, al no existir elementos verificables que acreditaran la disponibilidad previa de ese capital. Según esa evaluación, la brecha patrimonial observada superaba en 6,7 veces la capacidad acumulativa demostrable del ex funcionario.

Con estos nuevos elementos, el caso no solo se mantuvo abierto, sino que ganó complejidad. La Contraloría resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para que avance en una investigación más profunda sobre la trazabilidad del dinero. Al mismo tiempo, dejó en manos de la DNIT una fiscalización exhaustiva sobre las rectificaciones presentadas, que todavía están pendientes de aprobación.

La situación de Eddie Jara se complica así en un momento en que su salida de Petropar ya venía rodeada de cuestionamientos. Lo que debía ser una respuesta para intentar acomodar sus números tras las observaciones del ente de control terminó transformándose en un nuevo capítulo de sospechas, con montos millonarios, operaciones en efectivo y documentos de dudoso respaldo que ahora podrían derivar en consecuencias penales.

Lejos de cerrar la controversia, las rectificaciones abrieron una interrogante todavía más delicada: si el ex titular de Petropar intentó recomponer su situación fiscal con papeles de último momento para dar explicación a un patrimonio bajo sospecha. Ese es, precisamente, el punto que ahora deberán aclarar tanto la administración tributaria como la Fiscalía.