Fuerte apuesta para achicar el Estado
El Gobierno de Santiago Peña anunció un paquete de proyectos que fusiona instituciones, promete atraer inversiones y reorganiza el régimen económico. Pero detrás del discurso modernizador, persisten dudas sobre la efectividad, los verdaderos beneficiarios y el rumbo estratégico del país.
El presidente Santiago Peña remitirá al Congreso Nacional un paquete de siete proyectos de ley que, según el Ejecutivo, buscan reducir el tamaño del Estado y "mejorar su eficiencia". Sin embargo, más allá de los eslóganes y las frases de impacto, la propuesta despierta interrogantes sobre el alcance real de la reforma y su impacto directo en la ciudadanía.
Una de las medidas centrales es la absorción del Viceministerio de Minas y Energías y de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) por parte del Ministerio de Industria y Comercio. A esto se suma la fusión de la Secretaría de Repatriados con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ejecutivo habla de "optimización institucional". Pero no está claro qué se gana ni qué se pierde con estas movidas más allá de reducir organigramas.
¿Se están eliminando estructuras realmente innecesarias o simplemente centralizando funciones en ministerios que ya tienen dificultades de gestión? ¿Habrá ahorro real o solo un cambio en el nombre de las oficinas?
Regímenes económicos: leyes viejas con maquillaje nuevo
Uno de los puntos más promocionados por el Ejecutivo es la actualización de la Ley 60/90, que desde hace décadas establece beneficios fiscales para la inversión. La iniciativa promete modernizar este régimen para adecuarlo al Paraguay actual. Lo mismo ocurre con el régimen de maquila, que también será revisado.
La pregunta no es solo si estas leyes están desactualizadas —lo están—, sino quiénes se benefician realmente con estos "incentivos". Mientras se insiste en que estas medidas generarán empleo, no se ha presentado hasta ahora una evaluación pública seria sobre cuántos puestos de trabajo se han creado realmente gracias a estos regímenes en los últimos años, ni cómo se fiscalizan sus efectos.
En paralelo, el Ejecutivo anunció la creación de un nuevo régimen de ensamblaje de productos electrónicos y digitales, una medida que, según prometen, atraerá industrias intensivas en mano de obra. Pero sin una estrategia industrial clara ni garantías sobre condiciones laborales mínimas, existe el riesgo de repetir viejos errores: atraer inversiones que solo dejan exoneraciones fiscales y precarización laboral.
Energías renovables y Bolsa de Valores: promesas sin hoja de ruta
El paquete incluye también una nueva Ley de Energías Renovables, con el objetivo de ampliar la participación del sector privado en la generación eléctrica. En un país con abundante energía hidroeléctrica, este giro hacia nuevas fuentes puede sonar razonable. Pero la falta de un plan energético nacional a largo plazo deja muchas preguntas abiertas: ¿quiénes participarán?, ¿bajo qué reglas?, ¿qué impacto tendrá en las tarifas o el acceso?
Otro proyecto habla de la modernización del marco jurídico de la Bolsa de Valores a través de una nueva Ley de Valores. La intención declarada es hacer más ágil el mercado de capitales. Pero en un país donde el acceso a financiamiento sigue siendo una barrera para las pequeñas y medianas empresas, los cambios normativos no garantizan por sí solos una democratización del crédito.
Un paquete económico sin debate público
Más allá de los títulos técnicos y las frases optimistas, el paquete de leyes no fue socializado con organizaciones ciudadanas, sindicatos, ni gremios industriales de forma transparente. El propio presidente se reunió con los ministros de Economía e Industria para cerrar el plan en Mburuvicha Róga, sin convocar a un debate amplio que incluya a actores sociales diversos.
En otras palabras, se trata de reformas que impactarán directamente en el diseño del Estado y el modelo económico del país, pero que se cocinan exclusivamente en el círculo cerrado del Ejecutivo. Una vez más, el Congreso recibirá las propuestas ya cerradas, con escaso margen para la participación real.
¿Cambio de fondo o retoques administrativos?
Los cambios propuestos buscan proyectar una imagen de gobierno moderno y orientado a la inversión, pero los antecedentes no son alentadores. Paraguay ha sido históricamente generoso con los grandes capitales y muy austero con su gente. Sin mecanismos de control, sin transparencia en la ejecución y sin una visión de desarrollo integral, hay riesgo de que estas leyes se conviertan en reformas de maquillaje, que solo consoliden el actual modelo desigual.
En lugar de "achicar el Estado" como fin en sí mismo, el verdadero desafío debería ser redefinir el rol del Estado: con políticas públicas eficientes, derechos garantizados y un desarrollo económico que no deje a las mayorías en la banquina.
¿Qué pasará ahora?
El paquete de leyes presentado por el Gobierno puede marcar un punto de inflexión... o simplemente reforzar los viejos vicios del sistema. Todo dependerá del contenido final de los proyectos, del debate que se genere en el Congreso y, sobre todo, de la vigilancia de la sociedad civil. Porque si se discuten en piloto automático, el riesgo no es solo la ineficiencia, sino un país diseñado para unos pocos.
