La máxima autoridad del Ministerio Público hizo hincapié en que ningún representante del Estado tiene la facultad de presentar públicamente a una persona imputada como si ya fuera culpable, advirtiendo que esta práctica va en contra de los principios básicos de la justicia.
Además, remarcó que toda etapa de investigación penal debe manejarse con la reserva correspondiente, quedando fuera del alcance de terceros que no forman parte del proceso.
Este principio de confidencialidad, señaló, es esencial para proteger tanto la integridad de la causa como los derechos de los involucrados.
Finalmente, advirtió que cualquier fiscal que ignore estas disposiciones se expondrá a sanciones, ya que tales incumplimientos serán considerados faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La medida apunta a frenar filtraciones y exposiciones indebidas que comprometan la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial.
