Fraude en cobro de subsidios: IPS anuncia fuertes multas y eventuales procesos penales
En medio de toda la polémica y el debate generado por la situación de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS), avanza de forma silenciosa hacia el interior de la previsional una investigación de las denuncias de empresas privadas por supuesto cobro indebido de subsidio para trabajadores suspendidos. Los números preliminares, entregados a esta redacción de forma exclusiva, muestran más de 60 fiscalizaciones ya realizadas a la fecha de un universo de 271 firmas que están bajo la lupa. De momento no se puede determinar un perjuicio patrimonial a la entidad, señalan. Pero advierten que serán severos con las empresas que hayan efectivamente incurrido en el hecho irregular. Podrían haber restituciones de los montos cobrados, fuertes multas y la derivación de algunos casos a la Fiscalía.
Así explicó abogado Carlos Bogado, director de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS, en una contacto telefónico que mantuvo con El Nacional, con relación a las investigaciones que se generan hacia el interior de su dependencia. Estas investigaciones ya se desarrollaban en la entidad pero tomaron connotación pública a partir de la denuncia realizada por el destituido gerente de Prestaciones Económicas, Pedro Halley, de que supuestamente había un total de 500 empresas que incurrirían en esta situación.
El director de AOP nos entregó un informe preliminar de la situación de las empresas con suspensión al mes de julio del corriente. "En el marco de la verificación de empresas que han declarado trabajadores suspendidos y, por ende, han percibido o se encuentran percibiendo el beneficio de Compensación Económica por Suspensión Laboral por Emergencia Sanitaria del COVID-19, se presenta el siguiente informe preliminar", menciona el reporte.
Sobre el origen de los casos que investigan, señala el documento que se generaron a partir de dos vías; A través del canal de denuncias del portal del IPS, a cargo de la Unidad de Transparencia, donde llegaron 9 denuncias puntuales de supuestos trabajadores suspendidos. La segunda vía es el cruzamiento de datos realizado por el Departamento de Inteligencia.
En cuanto a las empresas fiscalizadas, se informa que desde mayo hasta la fecha fueron realizadas un total de 63 fiscalizaciones en la zona de Central, como en otros puntos del territorio nacional.
En cuanto a las situaciones constatadas, se confirmó que alrededor de 25 empresas habían declarado trabajadores suspendidos sin aparente irregularidad. Aproximadamente 5 empresas con trabajadores suspendidos que se encontraban cumpliendo funciones. Sobre el punto, se hace la salvedad de que actualmente se encuentra en periodo de verificación documental de aquellas que han presentado sus respectivos descargos sobre la situación.
Alrededor de 3 empresas que no han permitido el ingreso de los fiscalizadores, por lo que se generó la multa correspondiente y se inició la gestión de la correspondiente orden judicial. Alrededor de 2 empresas se encontraban clausuradas. Otras empresas estaban en diversas situaciones, entre ellas, se han dado ingreso de trabajadores que no se encontraban inscriptos en el seguro social, por lo que se generaron planillas complementarias.
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No habrá perdón, advierten
Bogado confirmó que esta investigación arrojará algunos resultados en un plazo de 30 días y que el universo de las empresas en vista a ser inspeccionadas asciende a 271.
Ante la consulta de que si se puede, de momento, determinar algún tipo de perjuicio económico para la previsional, el funcionario aclaró que por ahora no se hablar de alguna cifra en atención a que ningún caso está cerrado. "Cuando termine la investigación recién podremos hablar de perjuicios económicos", acotó.
No obstante, el director de Aporte Obrero Patronal afirmó que serán severos con las empresas que efectivamente hayan incurrido en el ilícito. "Una vez cerrado el procedimiento y demostrado que ocurrió el hecho con daño patrimonial, se deriva a la Dirección Jurídica del IPS para la apertura de un sumario administrativo, en donde se hace todo lo referente a la investigación, para la posterior restitución de dinero y eventual aplicación de multa. Allí se determina si se eleva o no el caso a la Fiscalía, todo dependiendo de la restitución del dinero", culminó.
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Antecedentes
El antiguo funcionario de la previsional, Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, fue removido de su cargo por supuestamente formular denuncias infundadas sobre que 500 empresas habrían mal utilizado los subsidios por suspensión y, además, de un vaciamiento de la caja jubilatoria de la entidad.
Por su parte, el exfuncionario afirmó que lo que motivó su salida fue la “consecuencia” de advertir sobre negociados que se están realizando hacia adentro de la administración. María Cecilia Rodríguez fue designada por el Consejo de Administración en el lugar de Halley.
Esto generó una ola de repercusiones políticas y hasta incluso legislativas, generándose hacia el interior de ambas cámaras del Congreso Nacional la convocatoria de altos funcionarios de la previsional para conocer sobre la situación de los fondos previsionales.
A su vez, el presidente del consejo de administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, aseguró que el sistema jubilatorio de la previsional no corre riesgo. Esto también a partir de la emisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la cual autorizó a pagar haberes por encima de lo estipulado en la Carta Orgánica del IPS a más de 100 aportantes del sector naviero.
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