Desde la Contraloría General de la República (CGR) insisten en que están plenamente facultados a auditar los fondos sociales de la entidad binacional Itaipú y manifestaron que esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se expida lo antes posible sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la hidroeléctrica para evitar ser revisada financieramente.
Esto fue manifestado por el abogado Darío Ortega, director jurídico de la Contraloría, durante una entrevista que mantuvo con la radioemisora 780 AM. Sobre el recurso judicial formulado por la Itaipú, manifestó que espera que la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial realice un estudio puntilloso para responder al pedido.
"Esto es algo que estaba previsto. Incluso, el juez que atendió la solicitud de la Contraloría ya lo elevó a nivel de la Corte. Vamos a ver qué trámite le dan. En principio, la Corte está obligada a dar un examen formal de la presentación e incluso puede rechazar in limine la acción. Si es que da un trámite favorable, vamos a esperar traslado y la opinión de la Fiscalía General del Estado (FGE), para luego pasar al estado de la sentencia", expresó.
El argumento jurídico de la entidad binacional es que supuestamente no existen cuentas nacionales de la Itaipú, sino solo binacionales. "Eso es algo con que nosotros no estamos de acuerdo. El artículo 283, Inciso C, de la Constitución claramente nos habilita a auditar las cuentas nacionales", refirió.
A criterio del experto en leyes, el debate a nivel judicial se va centrar sobre qué son exactamente las cuentas nacionales. Sin embargo, aseveró que esto está claramente definido. "Las cuentas nacionales son efectuadas por el Banco Central del Paraguay. Son todos los ingresos y egresos que tiene el país y que le ayuda a tomar decisiones económicas, además de impactar en el PIB", dijo.
Ortega recordó que desde el 2012 todos los ingresos de las entidades binacionales, sobre todo lo que se refiere a transacciones, forman parte de las cuentas nacionales, por lo que el artículo 283 de la Carta Magna entró totalmente en vigencia.
"Ellos alegan que para auditar los fondos sociales se necesita de autorización del lado brasileño y ahí no compartimos criterio, ya que al asumir esa postura estaríamos hablando de una Nación dentro de otra. Y ahí se estaría violentando la soberanía paraguaya", concluyó.
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