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El senador Rafael Filizzola cuestionó duramente al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tras revelarse que utilizaba de manera personal un vehículo de alta gama que había sido incautado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Según la documentación divulgada, el automóvil Audi Q3, confiscado en el marco de un proceso judicial contra el presunto narcotraficante Reinaldo "Cucho" Cabaña, fue cedido de manera temporal al MUVH, pero terminó siendo usado por el propio ministro con gastos millonarios a costa del Estado.
Filizzola sostuvo que el caso expone una vieja práctica de sectores del oficialismo que manejan los bienes públicos "como si fueran de su propiedad". El legislador señaló que solo en mantenimiento y repuestos se gastaron más de G. 51 millones, a lo que se suma el consumo de combustible, por un monto adicional de G. 24 millones. "Estamos hablando de un vehículo que se usa para cuestiones personales, no institucionales. El ministro lo utiliza para trasladarse con su familia o hacer compras, mientras los contribuyentes pagan las facturas", expresó.
El informe del MUVH, al que accedieron medios de prensa, confirma que las cargas de combustible fueron realizadas en estaciones de Petropar con recursos del presupuesto de la cartera. También figuran órdenes de trabajo con reparaciones mensuales y el registro de choferes asignados al automóvil. Entre los datos más llamativos, el documento revela que el Audi permaneció operativo las 24 horas del día durante varios meses y que, mediante una resolución firmada por la Dirección de Administración y Bienes, los vehículos asignados a Baruja —entre ellos el Audi Q3, una Toyota Hilux, un Nissan Frontier y una Ford Ranger— quedaron exceptuados de contar con sistema de rastreo satelital.
El legislador además cuestionó que el vehículo de lujo no lleve ploteado institucional, pese a estar bajo administración pública, y recordó que las aseguradoras suelen exigir rastreo para este tipo de unidades. En este caso, el seguro fue contratado con Royal Seguros, empresa vinculada al ex jefe de Gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, por un valor de cobertura de G. 160 millones.
"Este hecho demuestra el nivel de naturalización del abuso de poder. No solo se desvirtúa la finalidad de la Senabico, que debía preservar los bienes incautados, sino que se los convierte en un privilegio más para los altos funcionarios", manifestó Filizzola, agregando que el MUVH no tiene ninguna relación con los fines previstos por la ley para el uso de bienes comisados.
Tras la divulgación de la investigación, la ministra de la Senabico, Teresa Rojas, solicitó un informe a Baruja, aunque sin requerimientos específicos sobre el uso del vehículo. El caso volvió a encender el debate sobre la falta de control en la utilización de bienes incautados por el Estado y el manejo discrecional de recursos públicos dentro del Gobierno.
