Filizzola considera "linchamiento" destitución de parlamentarios pedida por gremios
El abogado y ex ministro del Interior Rafael Filizzola calificó de “linchamiento público” el pedido de perdida de investidura de los senadores del Frente Guasu Hugo Richer y Sixto Pereira, y del PDP Pedro Santa Cruz, formulado por los gremios empresariales acusándolos por sus supuestas arengas a favor de las invasiones de tierras en Curuguaty el 3 de octubre pasado.
“Piden la pérdida de investidura sin que se señale en qué consiste el supuesto uso de influencia que ellos pretenden esgrimir, es decir se plantea una suerte linchamiento público de tres parlamentarios usando una figura que en este caso no se aplica”, afirmó el político en declaraciones a radio Ñanduti.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión de Gremios de la Producción (UGP), Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Fecoprod, entre otros, dirigieron una carta al presidente del Senado Oscar Salomón, exponiendo los supuestos hechos y solicitando se encuadre la situación de los parlamentarios en las causales de destitución del artículo 201 de la Constitución Nacional.
“No es algo habitual lo que ocurre; no se puede interrumpir el periodo de alguien elegido por voto popular, salvo que ocurra algo indebido”, afirmó Filizzola.
Richer, Santacruz y Pereira reconocen haber visitado Pindó y Guaraní del Este, en Alto Paraná, como miembros de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, de la que Santacruz es presidente, pero niegan haber incitado crimen alguno.
Los gremios de productores señalan que la reunión de los parlamentarios “con invasores o campesinos que irregularmente ingresaron en propiedades de la Agroganadera citada (Pindó), y que la ocupan hace más de 8 años, demuestran la total falta de respeto a los organismos del Estado, a los principios y normas constitucionales que establecen la división de los poderes”.
“La presencia de senadores en tierras invadidas y sus expresiones en el asentamiento, denotan o demuestran la clara aptitud (Sic) de apoyo a la invasión de tierras privadas, al invitar a la ocupación de tierras de todo el país, a la expulsión de los sojeros, y seguir luchando contra sectores empresariales como la UIP y la ARP”, agrega el escrito.
Finalmente, señala que “estos actos son intolerables y deshonran la dignidad que invisten (Sic), por lo que solicitamos al Senado de la Nación que considere los hechos referidos en el marco del artículo 201 de la Constitución Nacional como uso indebido de influencia como funcionarios públicos en apoyo de actos de ocupación ilegales (...)”.