Judiciales

Fijan audiencia preliminar para intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán y otros 13 acusados

La Fiscalía sostiene que existió un esquema de desvío de fondos municipales durante la administración del hoy diputado Esteban Samaniego.
Patricia Corvalán y su esposo el diputado Esteban Samaniego. R. 780 AM.

El juez Humberto Otazú fijó para los días 3, 4 y 5 de junio la audiencia preliminar para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otras 13 personas acusadas por presunta administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.

Durante la diligencia judicial se resolverá si los procesados afrontarán juicio oral y público por el supuesto esquema de desvío de recursos de la Municipalidad de Quyquyhó.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2017 y 2018, periodo en el que el actual diputado Esteban Samaniego se desempeñaba como intendente del municipio. 

La Fiscalía sostiene que tanto Samaniego como su esposa, Patricia Corvalán, obtuvieron beneficios económicos indebidos mediante el uso irregular de fondos comunales.

Según la investigación, el perjuicio patrimonial ascendería a G. 1.108 millones, dinero que presuntamente habría sido utilizado para la construcción de la vivienda familiar del matrimonio, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción.

El escrito acusatorio señala además que parte de los recursos municipales habrían sido destinados al pago de familiares y del guardaespaldas del entonces jefe comunal, mediante la emisión y cobro de cheques financiados con fondos de la comuna. Solo en ese mecanismo, el Ministerio Público calcula un beneficio indebido de G. 338 millones.

Samaniego también fue imputado dentro de la causa; sin embargo, la investigación en su contra quedó suspendida debido a los fueros parlamentarios que posee como diputado nacional.

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía especializada en hechos de corrupción y lavado de dinero, que busca elevar el caso a juicio oral para los acusados que no cuentan con inmunidad parlamentaria.