Extitular de Seprelad, acusado por encubrir operaciones financieras vinculadas a Darío Messer
La imputación también alcanza a dos altas funcionarias de la institución: Raquel Cuevas, quien estuvo al frente de la Dirección General de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, funcionaria de carrera.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor fueron los encargados de presentar la acusación que pone fin a un largo proceso que en su momento había derivado incluso en un pedido de sobreseimiento provisional. Sin embargo, tras nuevos elementos, el Ministerio Público decidió avanzar con la acción penal.
De acuerdo con el escrito acusatorio, Boidanich estaba al tanto de diversos reportes de actividades sospechosas que involucraban a empresas relacionadas con Darío Messer, conocido cambista brasileño actualmente condenado en su país por delitos financieros, así como con Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del entonces presidente de la República, Horacio Cartes.
Uno de los reportes clave que motivan la acusación está vinculado a Chai SA, una firma asociada a Messer. En 2016, el Banco Continental comunicó a Seprelad movimientos atípicos de dicha empresa. Sin embargo, según la investigación, los documentos internos generados nunca fueron analizados formalmente ni derivados de manera inmediata al Ministerio Público. Recién en 2018, cuando el caso de Messer cobró notoriedad a través de los medios, se remitió un informe, aunque —según los fiscales— con omisiones deliberadas, entre ellas la supresión de apartados que mencionaban directamente a Cartes.
El expediente también refiere antecedentes anteriores, como los informes emitidos por Sudameris Bank en 2012 y el Banco Nacional de Fomento en 2015, que ya alertaban sobre movimientos financieros irregulares de Messer y sus sociedades. Para 2016, estos antecedentes motivaron que Seprelad lo clasificara como sujeto de riesgo elevado.
Paralelamente, la Secretaría de Estado de Tributación había señalado irregularidades en la estructura de capital de las firmas Chai SA y Matrix Realty SA, al no hallarse documentación que justificara el origen ni el aumento del capital social.
Uno de los episodios más llamativos se remonta a noviembre de 2015, cuando Chai SA transfirió cerca de 5 millones de dólares a Puente Casa de Bolsa. La operación, que no coincidía con el objeto social declarado de la empresa, fue catalogada como inusual y generó un reporte de alerta.
La causa revela posibles actos de encubrimiento dentro del propio órgano estatal encargado de prevenir el lavado de dinero, con implicaciones que alcanzan al entorno cercano del expresidente Cartes. El caso vuelve a poner en el foco la utilización de instituciones públicas para desactivar investigaciones sensibles que involucran a figuras de alto perfil político y económico en Paraguay.