Congreso

Exigen al MOPC intervenir la Caminera ante corrupción reinante

Durante una sesión extraordinaria del pleno de la Cámara de Senadores, el legislador Dionisio Amarilla reclamó a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, que asuma el liderazgo de la investigación sobre las presuntas anomalías detectadas en la Dirección Nacional de Patrulla Caminera (DNPC).
Claudia Centurión.

Las denuncias surgieron a raíz de un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que encontró posibles irregularidades en el uso de combustibles, la usurpación de cargos y otras conductas inapropiadas dentro de la institución.

El auditor detectó que un vehículo particular habría sido abastecido con gasolina registrada a nombre de una chapa oficial de la Caminera, lo que motivó una recomendación de denuncia ante el Ministerio Público. Además, se señala que los jerarcas implicados —entre ellos Amado Orihuela, Darío Gustavo Lugo Caballero, Patricia Monserrat Zelada Benítez y Ramón Antonio Cabrera Noguera— podrían haber incurrido en irregularidades al ocupar funciones o realizar gestiones sin respaldo legal.

Amarilla subrayó que corresponde a la ministra Centurión ofrecer una versión oficial sobre las medidas que tomará frente a esta situación. Pese a ello, mostró escepticismo sobre una respuesta firme dado el antecedente de resistencia en la intervención y fiscalización institucional. La presión del Senado apunta a que la máxima autoridad del MOPC asuma la responsabilidad de supervisar o destituir a quienes estén detrás de las faltas.

La expectativa parlamentaria es que la titular del organismo de infraestructura pública clarifique cuál será el destino del director operativo de la Caminera, el secretario general y otros implicados, y revele los pasos para asegurar la transparencia de la institución. Asimismo, los senadores advierten que el papel de la Caminera en la vigilancia de rutas y el control vial exige un manejo intachable.

En este contexto, la CGR llamó a elevar una denuncia formal ante la Fiscalía, lo que implica que la investigación podría trascender el ámbito administrativo y alcanzar consecuencias penales. El llamado público de los legisladores busca catalizar una investigación robusta y visible, que recupere la confianza ciudadana en un ente clave para la seguridad vial y la gestión de rutas en el país.