Ética en la función pública
Las denuncias sobre tráfico de influencias que involucran a funcionarios del Estado, tanto en cargos electos como designados, son cosa frecuente. El delito de enriquecimiento ilícito, nacido como tal en América Latina, se ha internacionalizado y su tipificación trasciende el ámbito de los países del continente y hoy está contemplada en las legislaciones penales de las más diversas naciones.
Estamos ante un grave problema de ética en el ejercicio del deber, en un escenario de corrupción creciente. Por esto mismo hoy se admite que la función pública es un bien jurídico merecedor de tutela y que el Estado debe protegerla de las distintas vías que la distorsionan en su desempeño y en sus fines.
Hemos visto cómo la delincuencia se ha enquistado en las diferentes estructuras del Estado, haciendo de la función pública, que por definición debiera ser un servicio a la ciudadanía, el territorio donde prospera el enriquecimiento ilícito y la manipulación de personas con fines turbios.
En las democracias corruptas se quiere llegar al gobierno para tener a disposición los enormes recursos públicos, que hasta en los países más pobres presentan siempre un volumen significativo. Asimismo, se busca el gobierno para acceder a la valiosa información que solo en ciertos sitios del poder se maneja, de modo a aprovecharla en beneficio propio, en negocios personales o del círculo de amigos, en lugar de administrarla para el bien del país. Así, hemos visto cómo inversiones que en principio fueron propuestas al Estado paraguayo para desarrollar ciertos proyectos fueron finalmente canalizadas hacia emprendimientos privados.
El Estado es el botín por el que todos pelean. La práctica de la prebenda se ha mostrado eficaz para que la corrupción no pierda vitalidad. Para esto se necesita, desde luego, garantía de impunidad, la cual es siempre negociable entre todos los actores de este gran drama nacional que parece no tener fin.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a esta situación, que pide un saneamiento urgente de las estructuras del Estado? Todos los poderes están comprometidos. No hay un solo ámbito libre de corrupción y esta se ha transformado ya, prácticamente, en una cuestión cultural.
Los actos de corrupción son violaciones al deber institucional, por acción u omisión, y se realizan normalmente en secreto o con gran discreción. Debemos insistir, pues, en la transparencia en todos los ámbitos. Acabar con la corrupción, o mermarla, implica voluntad política y conciencia ética. Si quienes están a cargo de las instituciones que deben vigilar el cumplimiento de las funciones de nuestros representantes, o de los funcionarios designados para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, no reúnen la probidad, la inteligencia y el valor para afrontar esta tarea, es imposible pensar en un saneamiento.
Estamos ante un próximo cambio de administración en los municipios y en el poder central. Detengámonos a pensar en cuánto necesitamos transparencia, honestidad y rendición de cuentas. El ejercicio de la función pública, muy especialmente en los altos cargos de decisión, compromete nuestro destino como individuos, como grupo social y como nación.
Por eso necesitamos erradicar la corrupción. Elijamos a conciencia porque, hoy más que nunca, necesitamos construir un país mejor.
D.D.W-S