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Si las sospechas se confirman, los opositores ya advierten que impulsarán un juicio político.
La iniciativa lleva las firmas de Eduardo Nakayama, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain y Celeste Amarilla. Los senadores sostienen que existen documentos y resoluciones que comprometerían seriamente al Indert en la entrega de tierras públicas a particulares en condiciones que, según afirman, violan el Estatuto Agrario, afectan reservas destinadas a infraestructuras estratégicas y generan un daño al patrimonio estatal estimado en más de G. 28.000 millones.
Uno de los casos que detonó la presión política es la restitución de 29 hectáreas ribereñas en Carmelo Peralta al ciudadano Adolfo Gabriel Francisco Ehereke Irrazábal mediante la Resolución 740/2024. Esa franja, ubicada en un punto clave del río Paraguay y reservada desde 2021 para instalar la zona primaria aduanera del Corredor Bioceánico, había sido protegida por una sentencia firme del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el Indert revirtió la cesión y devolvió todo el terreno al particular por un precio irrisorio: cerca de G. 630.000 por hectárea, menos del 1% del valor real según tasaciones privadas. Para los senadores, esto despoja al Estado de un espacio neurálgico para el control fronterizo.
Otra adjudicación que levantó sospechas es la entrega de 60 hectáreas a Marlene Araceli Oviedo Rodríguez, mediante la Resolución 1215/2024. El predio había sido reservado en un 70% para la ANNP con la finalidad de construir un puerto público, pero el trámite se resolvió en tiempo récord y a un precio que —afirman los legisladores— también está muy por debajo del valor comercial. A esto se suman cuestionamientos sobre el arraigo de la beneficiaria, su ocupación real del inmueble y supuestos vínculos con operadores logísticos privados. Además, denuncian que no existe constancia de consulta al Consejo de Defensa Nacional, un requisito obligatorio para adjudicaciones en zonas fronterizas.
El tercer caso apunta a adjudicaciones que oscilan entre 2.000 y 4.000 hectáreas en Mariscal Estigarribia para Claudia Eliana Vallejos Acosta, hija del empresario Isacio Vallejos, cuya firma construye parte del tramo 4 del Corredor Bioceánico. Los legisladores hablan directamente de conflicto de interés y remarcan que la beneficiaria no reúne condiciones de pequeña productora ni residencia rural, requisitos básicos para acceder a tierras fiscales.
El bloque opositor sostiene que estos movimientos administrativos comprometen la planificación de obras públicas de gran envergadura y podrían obligar al Estado a recurrir a expropiaciones millonarias para recuperar áreas indispensables para rutas, accesos, puertos y aduanas. También recuerdan que la ex asesora jurídica del Indert, Carolina Pacce, habría advertido de estas irregularidades antes de renunciar en marzo, alertando sobre vicios que podrían generar nulidad absoluta de los actos.
El pedido de interpelación se apoya en el artículo 194 de la Constitución, que habilita al Senado a exigir explicaciones a los titulares de instituciones públicas. Si la Cámara Alta resuelve convocarlo, Francisco Ruiz Díaz deberá responder un extenso cuestionario sobre las razones de cada adjudicación, los criterios de valoración de precios, las advertencias internas, las consultas a organismos como ANNP, DNIT y CODENA, y la posible revisión de oficio de las resoluciones.
Los senadores remarcan que, de verificarse las irregularidades, la salida institucional sería avanzar hacia un juicio político. El tema tensiona al oficialismo, ya que las tierras objeto de disputa están en zonas que se convirtieron en el corazón de la mayor obra de integración vial del país.
