La Contraloría General de la República (CGR) presentó oscuros resultados de una auditoría al informe financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2021, el cual arrojó una cifra aproximada a los USD 82 millones de daño patrimonial, producto de malos manejos presupuestarios, estafas y corrupción en diferentes niveles gubernamentales en plena crisis social, económica y sanitaria que azotó a la población.
El lapidario informe entregado por la Contraloría al Congreso Nacional demostró cómo diferentes entidades y autoridades nacionales maniobraron a favor de sus lucros e intereses particulares por sobre los comunes, a pesar del trágico y difícil año que tocó vivir a todos los paraguayos a causa de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica.
Si bien el contenido total del reporte no fue revelado, el contralor general Camilo Benítez dio algunos detalles de los casos que tuvieron mayor repercusión mediática por la envergadura del derroche del dinero de los contribuyentes.
La megaestafa de la compra de insumos sanitarios chinos, inconsistencias y dudosas multimillonarias ejecuciones de municipalidades y gobernaciones, y la construcción de obras sobrefacturadas y hasta innecesarias como la polémica pasarela "Ñanduti", fueron algunos de los casos citados por la autoridad contralora. Incluso, se reveló que se desviaron siderales cantidades de dinero de programas sociales, lo que denotó hasta dónde puede llegar la ambición y la actitud ruin de altos funcionarios.
En la jornada del miércoles, el senador Oscar Salomón, presidente del Congreso Nacional, recibió al contralor general de la República, Camilo Benítez, y al subcontralor, Augusto Paiva, quienes presentaron el Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República, sobre el informe financiero del Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
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Pandemia para recaudar
El contralor detalló que entre los trabajos más emblemáticos figuró el control de los gastos del endeudamiento por el Covid-19, donde encontraron observaciones e informes que son de consumo del Ministerio de Salud.
“El caso más emblemático fue la compra de insumos chinos, que gracias al informe de la Contraloría se pudo inclusive recuperar ese dinero, porque se detectó en tiempo real”, resaltó. Agregó que el Ministerio de Salud pudo recuperar de ese contrato más de 20 millones de dólares en su momento, gracias a que los organismos de control detectaron a tiempo.
Por otra parte, Benítez confirmó que el 90 % de las denuncias que reciben están vinculadas a irregularidades en gobernaciones y municipios. Hasta el momento se han detectado inconsistencias por más de G. 400.000 millones. Actualmente existen más de 95 denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
Estas denuncias tienen que ver con gobiernos municipales y departamentales ante irregularidades en la provisión de alimento escolar, reparación de instituciones educativas, etc.
“No podemos seguir con el mismo modelo administrativo y de control porque la Contraloría lastimosamente llega tarde siempre, porque lo que hace es verificar la ejecución del gasto y denunciar si hay alguna irregularidad o hecho punible”, acotó sobre el punto.
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El innecesario "Puente de Oro"
Con relación al Ministerio de Obras Públicas, refirió que el caso que más tuvo repercusión es la fiscalización de obras realizadas al Puente de Ñanduti que se hizo en la zona de Ñu Guasu. “Nosotros habíamos observado que la realización de dicho puente no era una necesidad real; desde un principio se le había recomendado al Ministerio que modifique porque veíamos que no hay un tránsito diario, semanal, anual de personas, que amerite un gasto como ese y por, sobre todo, porque había un sobrecosto en la obra”, recordó.
Refirió que el sobrecosto era alrededor de 2.800.000.000 de guaraníes, que detectó la Contraloría en la fiscalización que se hizo sobre el precio. Dijo que todo el informe se envió a los organismos de todos los poderes del Estado, a la Fiscalía y, por supuesto, al MOPC.
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Entregaron subsidios a quienes no debían
Benítez reveló que muchas personas que no merecían cobrar los subsidios del Estado (como el Pytyvõ al inicio de la pandemia), terminaron recibiendo las ayudas.
“Tenemos hasta funcionarios públicos que cobraron. Ese es el camino, la propuesta de Contraloría para más adelante. Trasladar esta información. El monto que estimamos es de G. 20 mil millones de fraude para el Estado”, manifestó.
Sostuvo que un proyecto que presentarán está concentrado en mejorar el control de los subsidios. “Verificamos todos los subsidios que se entregaron en época de pandemia. Hay gente que cobró en pandemia y no lo debería hacer. Ahora ya es tarde, antes deberíamos haber controlado, cruzando los datos en Tributación, IPS, en el Registro Civil y más”, señaló.
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