Erico queda al borde de la expulsión y el cartismo busca despegarse del escándalo narco
La reciente condena a 13 años de prisión terminó dejando al cartismo sin margen político para seguir sosteniéndolo y ahora el propio oficialismo ya admite que, si el legislador no presenta su renuncia, impulsará su pérdida de investidura.
El caso de Galeano explotó públicamente en mayo de 2023 cuando el Ministerio Público lo imputó por lavado de dinero y asociación criminal dentro del operativo A Ultranza Py. Los fiscales del caso expusieron entonces una serie de elementos que apuntaban a la supuesta colaboración del legislador con la estructura narco que operaba enviando cocaína hacia Europa mediante rutas que atravesaban Bolivia, Paraguay y Brasil.
Según la investigación, el ahora senador habría facilitado apoyo logístico a los líderes del esquema criminal luego de que varias aeronaves utilizadas por la organización fueran incautadas en procedimientos encabezados años atrás por el fiscal Marcelo Pecci. Las pesquisas también sostienen que Galeano habría participado en operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al dinero del narcotráfico mediante movimientos inmobiliarios y documentación presuntamente simulada.
A pesar de la magnitud de las acusaciones y de las evidencias presentadas por la Fiscalía, el oficialismo decidió sostener políticamente al legislador durante todo el proceso. Incluso fue incluido nuevamente en la lista del movimiento para las elecciones generales de 2023, lo que le permitió pasar de la Cámara de Diputados al Senado mientras avanzaba la causa penal en su contra.
Con el correr de los meses, Galeano logró recuperar fueros, obtuvo arresto domiciliario y recibió autorizaciones judiciales especiales para asistir a las sesiones legislativas, todo en medio de crecientes críticas de sectores opositores y de organizaciones que cuestionaban el tratamiento privilegiado hacia el senador.
El escenario comenzó a cambiar drásticamente tras la confirmación de la condena de 13 años de cárcel. Desde entonces, la presión política sobre Honor Colorado aumentó de manera considerable y varios dirigentes empezaron a admitir internamente que el costo de seguir sosteniéndolo se volvió demasiado alto.
La situación también quedó expuesta luego de que el Senado aprobara para Galeano un permiso por tiempo indefinido, medida que fue duramente cuestionada por juristas y referentes políticos por considerarla contraria a la Constitución Nacional. Los cuestionamientos crecieron todavía más al compararse el caso con otras decisiones recientes adoptadas por la Cámara Alta.
En paralelo, el Senado atravesó otros escándalos que golpearon fuertemente la imagen institucional, como la salida de Javier Vera tras la difusión de audios que lo vincularon con hechos relacionados a menores, así como la renuncia de Hernán Rivas luego de que la Corte Suprema reactivara el proceso judicial relacionado con su presunto título falso de abogado.
Ahora, mientras Rivas ya dejó oficialmente su banca, toda la presión se concentra sobre Galeano. Dentro del cartismo ya comenzaron a instalar la idea de que el senador habría engañado al movimiento al presentarse como víctima de persecución política durante todo este tiempo, argumento utilizado para justificar años de respaldo pese a la gravedad del expediente judicial.
El oficialismo intenta así cerrar uno de los capítulos más incómodos para el Senado y para el propio movimiento gobernante, que en los últimos años quedó reiteradamente golpeado por escándalos judiciales, cuestionamientos éticos y denuncias de protección política hacia dirigentes investigados.