Enviado de Guaidó también contradice a Villamayor en negociado secreto por deuda de Petropar
El comisionado de Juan Guaidó, Javier Troconis, se sumó a las desmentidas venezolanas sobre la negociación secreta de la deuda de PETROPAR con PDVSA, que fue divulgada por el diario estadounidense The Washington Post, en una investigación donde acusaba al entorno del exdiputado opositor, que el gobierno paraguayo reconoce como “presidente interino” de Venezuela, de conformar un esquema para el cobro de sobornos.
Troconis, uno de los supuestos empresarios venezolanos radicados en Miami sospechados por el diario norteamericano, y quien se reunió con el jefe de Gabinete de Mario Abdo Benítez, Juan Ernesto Villamayor, en noviembre de 2019, sostuvo que la propuesta de negociar la deuda de la petrolera estatal con la venezolana provino del gobierno paraguayo, y no al revés, como venían argumentando Villamayor y el canciller Federico González.
El principal sospechoso en la red de sobornos denunciada por el Post, agregó que el abogado argentino de PDVSA Sebastián Vidal, quien también representa en Buenos Aires a Carlos Abdo, tío del presidente paraguayo, y quien reclamaba una jugosa comisión de U$S 26,9 millones, estuvo a cargo de gestionar la reunión con Villamayor en Asunción.
En un audio, Troconis señaló que no conoció personalmente a Vidal hasta la reunión que mantuvieron con Villamayor en el Palacio de Gobierno en noviembre de 2019. “Es una persona bien relacionada con toda esa gente del Gobierno (paraguayo). Lo sé, no porque me lo haya dicho, sino porque es evidente que si llegó a una reunión hay empatía y familiaridad en donde está, por aquí por allá, te da el entendimiento de que es una persona bien conectada allí”, afirmó.
Aseguró que la propuesta por la deuda con PDVSA provino del gobierno paraguayo, y que ellos la rechazaron porque no les parecía acorde con la defensa de los intereses de su país. “Hay una carta oficial en donde nosotros les decíamos que la propuesta que nos estaban pasando no nos gustaba, que no era lo más conveniente y le decimos que no continuamos, y que si surge una nueva propuesta que se adapte a las condiciones y nos permita tener mayor ventaja, sí se podía volver a discutir, pero que por ahora nos retirábamos de la negociación”, relató Troconis.
La propuesta ofrecía una quita del 50% del capital de la deuda, estimada por PETROPAR en US$ 269 millones, y según el jefe de Gabinete de Abdo Benitez, fue rechazada por éste porque no existía garantía de la fuerza cancelatoria del pago, por cuanto no estaba claro si el “gobierno interino” de Guaidó gozaba de la suficiente entidad jurídica, ya que en la práctica real no ejerce ningún control sobre las instituciones de su país, cuya administración están en manos del gobierno que preside Nicolás Maduro.
La versión paraguaya
Villamayor mostró, finalmente, el jueves el documento escrito del acuerdo por la deuda de PETROPAR con PDVSA, resultante de la reunión de hace más de un año, hecha pública por el diario estadounidense, y que en nuestro país se comparó enseguida con el acta secreta con Brasil por Itaipú, que puso al recién instalado gobierno de Abdo Benítez al borde de la disolución. “Este es el borrador que presenta el Washington Post y no es aceptado por Paraguay”, afirmó en la ocasión el secretario de Estado, mostrando a los medios la hoja impresa.
El secretario de Estado contó que en marzo de 2020, cuatro meses después, el documento fue rechazado porque no hacía mención a la garantía cancelatoria de la deuda, exigida por el presidente Abdo Benítez, lo que fue ya desmentido, primero por Guaidó, y ahora por Troconis.
Villamayor había dicho además que estaban al tanto del tema el entonces ministro de Hacienda Benigno López, Patricia Samudio, que ocupaba la presidencia de PETROPAR, y el procurador Sergio Coscia, que fue obligado a renunciar la semana pasada, en el marco de otro escándalo con características muy similares, que salpica al actual presidente de la petrolera paraguaya Denis Lichi.
Villamayor y Lichi podrían ser interpelados por la Cámara de Diputados, de prosperar el pedido ingresado a la Comisión Permanente presidida por el diputado colorado Raúl Latorre, presentado por unos 26 legisladores de distintas bancadas.
Los Troconis
Troconis, es propietario de la firma T&C Services, una de las principales contratistas de la petrolera PDVSA y, según información recogida por ciberperiodistas, creó tres nuevas compañías en Estados Unidos entre marzo y mayo de 2020, en plena pandemia. Es hijo de Marcos Troconis Olivares, el fundador del grupo empresario familiar.
Se trata de las firma CAMT General Services LLC, registrada el 18 de marzo, con domicilio en un departamento de Miami, donde también “funcionan” más de otro centenar de empresas; y Monolithic LLC y Monolitic USA , registradas en mayo, con domicilio en la casa familiar de los Troconi, en Pembroke Pines.
Javier Troconis y Sebastián Blasi, los dos empresarios señalados en la investigación del Post, fueron expuestos por sus colegas Jorge Reyes y Pedro Antar, quienes informaron sobre una trama de corrupción en el “gobierno interino” de Juan Guaidó por más de U$S 40.000 millones.
Ambos, ahora en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya venían siendo señalados por el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, como integrantes de una red que cobra sobornos para “robar activos venezolanos en el Caribe”, que es además el núcleo de la investigación del Post.
El Ministerio Público venezolano lleva abierta una investigación contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó, Fernando Javier Blasi, Magin Eduardo Blasi, Javier Troconis, José Ignacio Hernández y Luis Pacheco, acusados de pretender apoderarse de activos venezolanos en el Caribe a través del consorcio de empresas registradas por el clan Troconis en Florida, y también por las representadas por Reyes y Antar, que paradójicamente son quienes formularon las denuncias periodísticas contra Troconis y Blasi: la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management.
La investigación del Post incluyó más de 20 entrevistas y revisión de numerosos documentos, incluidos los posibles contratos mencionados por el fiscal Saab, que exponen contrataciones fraudulentas y jugosos sobornos, como el que pretendía cobrar aquí el abogado argentino Vidal.