Enfrentamiento entre policías y campesinos deja heridos y detenidos en la ex estancia Lucipar
Según los primeros reportes, el choque dejó heridos y personas detenidas, en un conflicto que volvió a escalar tras semanas de tensión creciente en la zona.
La movilización involucra a más de 700 policías encabezados por el subcomandante César Silguero, quienes desde la madrugada se desplegaron para evitar la ocupación de las 11.000 hectáreas incautadas al narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias "Cabeza Branca", actualmente bajo administración de la Senabico. Las fuerzas de seguridad instalaron retenes y formaron un cerco estratégico para impedir el avance de grupos campesinos que anunciaron una marcha masiva hacia el predio.
Del otro lado, dirigentes campesinos sostienen que entre 1.500 y 2.000 personas -familias sin tierra, comunidades rurales y referentes sociales- se movilizan reclamando que el Estado destine esas tierras a un proceso real de reforma agraria. Afirman que existen compromisos incumplidos por parte del Gobierno y que la ocupación es "la última herramienta" ante la falta de respuestas.
La tensión explotó cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia una zona de acceso al inmueble, hecho que derivó en forcejeos, uso de elementos disuasivos y finalmente el enfrentamiento directo que produjo heridos cuyo número aún no fue confirmado por las autoridades. La Policía informó que varios participantes fueron detenidos por perturbación de la paz pública, resistencia y tentativa de invasión de inmueble ajeno.
La exestancia Lucipar ya había sido escenario de tensiones en los últimos meses, con movilizaciones que en ocasiones derivaron en treguas temporales. Sin embargo, la falta de avances concretos por parte del Estado reactivó el conflicto, que hoy mantiene en máxima alerta a la zona norte del país.
Mientras la Policía asegura que permanecerá en el lugar hasta que se disipe cualquier intento de invasión, las organizaciones campesinas ratifican que no abandonarán su reclamo y responsabilizan al Gobierno por la escalada, alegando incumplimientos en materia de acceso a tierras incautadas al crimen organizado.
El conflicto vuelve a poner en el centro del debate la gestión estatal de los bienes incautados, la presión social por la reforma agraria y el manejo político de una región históricamente marcada por la desigualdad en la distribución de tierras.