El encuentro reunió a más de un centenar de dueños de radios que, según voceros del sector, expresaron su respaldo al mandatario y su disposición a difundir información oficial.
De acuerdo con los organizadores, el sector nuclea a unas 310 radios a nivel nacional. Tras la reunión, los comunicadores aseguraron que no se abordaron temas vinculados a publicidad estatal ni a asignación de pauta oficial y que no existe compromiso alguno de recibir fondos públicos por la cobertura o difusión de contenidos relacionados con el Gobierno.
Sin embargo, la convocatoria y la presencia de altas autoridades generaron cuestionamientos en sectores políticos y mediáticos. La invitación fue impulsada por el Consejo Nacional de Comunicadores Republicanos (Conacore), mientras que la coordinación estuvo a cargo del asesor político de la Presidencia, José Alberto Alderete. Además del jefe de Estado, participó el vicepresidente Pedro Alliana.
La invitación circuló días antes del encuentro y detallaba incluso sugerencias sobre la vestimenta, proponiendo un estilo casual y mencionando al presidente como principal figura del evento. No obstante, la actividad no figuró en la agenda oficial difundida por la Presidencia, donde solo se consignaba una reunión entre Peña y Alliana.
Posteriormente, desde el entorno oficial se argumentó que la presencia del mandatario no estaba inicialmente prevista, pese a que la convocatoria hacía referencia explícita a su participación. Esta situación alimentó suspicacias sobre el carácter del encuentro, especialmente en un contexto marcado por el fuerte rechazo social a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo.
Mientras en Asunción se desarrollaban protestas y reclamos por el proyecto de la Caja Fiscal, la reunión con radiodifusores fue interpretada por algunos sectores como una estrategia de fortalecimiento comunicacional en el interior del país. Desde el entorno presidencial se insiste en que el objetivo fue intercambiar impresiones y consolidar canales de información, sin que medie compromiso económico alguno.
El episodio se suma a una semana políticamente intensa, en la que el oficialismo enfrenta cuestionamientos por el alcance de la reforma previsional y por el costo político de su tramitación en el Congreso. En ese escenario, cualquier movimiento vinculado a la comunicación institucional adquiere mayor visibilidad y despierta debates sobre transparencia y uso de recursos públicos.
Por ahora, los representantes de las radios sostienen que el apoyo expresado al presidente responde a una coincidencia de líneas políticas y no a incentivos económicos, mientras que desde la oposición y sectores críticos se observa con cautela la activación de una red de emisoras que podría tener incidencia en la narrativa pública en el interior del país.