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La semana pasada, en una de las Comisiones de la Cámara Alta, se estuvo analizando un proyecto de ley "De reinserción y promoción laboral para personas pospenadas". Esta iniciativa busca abrir puertas de segundas oportunidades para personas que ya cumplieron su condena penal y buscan reinsertarse en la sociedad.
Aunque el país cuenta con programas como "Reinsertate", "Ta'arõ" (para MPL de Encarnación) o programas con ONG y capacitaciones desde el Ministerio del Trabajo, incluso, contrataciones en Municipios y empresas, las oportunidades reales siguen siendo escasas. La realidad es que en muchos empleos aún se exige como requisito no tener antecedentes judiciales, lo que excluye directamente a quienes quieren reconstruir su vida laboral.
¿De qué se trata?
La iniciativa de ley pretende establecer un marco legal que facilite el acceso a un empleo digno para quienes ya cumplieron una condena penal y buscan reinsertarse en la sociedad.
Autoridades del Ministerio de Justicia, del Trabajo y de otras instituciones públicas, resaltan la necesidad de políticas concretas para romper el círculo del delito, la pobreza y la exclusión.
La propuesta, impulsada por los senadores Arnaldo Samaniego y Zenaida Delgado, busca establecer un marco legal que promueva el acceso a un empleo digno para personas que hayan cumplido condenas penales o cuenten con antecedentes judiciales o policiales, favoreciendo su reintegración y bienestar social.
"Este proyecto busca fortalecer los programas de reinserción. Brindar oportunidades reales de empleo dignifica vidas y contribuye directamente a la seguridad ciudadana", expresó Samaniego.
Datos
Actualmente, en Paraguay existe 993 mujeres privadas de libertad, de las cuales 371 tienen condena firme. De ellas, se estima que 223 podrían capacitarse y el 90 % obtener certificación. Esto permitiría que al menos 201 mujeres accedan a los beneficios de la propuesta de ley que está en estudio.
También se espera que, en caso de aprobarse la normativa, se cuente con el compromiso de 100 entidades públicas y privadas de contratar al menos a dos mujeres cada una. Esto beneficiaria laboralmente a 200 mujeres en el primer año, lo que representaría un 54 % del total de mujeres con condena.
Aun en debate
La iniciativa fue previamente socializada a través de mesas técnicas y conversatorios con diversos sectores públicos, privados y de la sociedad civil, en un proceso participativo que permitió enriquecer el contenido del proyecto.
Como parte de ese proceso, la legisladora Delgado, visitó el Centro Penitenciario de Mujeres "Casa del Buen Pastor", donde presentó el proyecto a las internas a fin de transmitir un mensaje esperanzador.
