PolíticaInstalación de ascensores
Una empresa vinculada a la pareja de un ciudadano peruano con antecedentes penales figura entre las oferentes que buscan adjudicarse una licitación del ministerio de Justicia para la adquisición y montaje de ascensores en el edificio del ex Registro Civil. Se trata de Renfe SA, cuya propuesta compite por un contrato de G. 700 millones.
El caso generó preocupación luego de que se dieran a conocer documentos que relacionan a la firma con Rafael Eduardo González Thorne, ciudadano peruano que registra una orden de captura internacional por diversos hechos punibles. González Thorne, incluso fue detenido anteriormente por varias denuncias de estafa, relacionadas a falsificación de documentos para la obtención de créditos a nombre de terceros.
Aunque Renfe SA está inscripta a nombre de Andrea Carolina Aranda Duarte, pareja de González Thorne, existen documentos que muestran que este continúa actuando como representante de la empresa. La firma incluso presentó una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dentro del proceso licitatorio.
El proceso permanece en etapa de evaluación, mientras crecen los cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales.
Los antecedentes de González Thorne incluyen múltiples denuncias por falsificación de documentos y estafas mediante créditos fraudulentos. El esquema afectaba tanto a las entidades financieras que otorgaban los préstamos como a las personas cuyas identidades eran utilizadas sin autorización.
En paralelo, Renfe SA ha participado en diversos contratos públicos relacionados con la provisión y mantenimiento de ascensores. Uno de los antecedentes más relevantes es el cobro de más de G. 1.080 millones en acuerdos con el Registro Civil, el Ministerio de Hacienda y la DNCP, durante la administración de Agustín Encina.
A pesar de los antecedentes y de que la empresa fue descalificada en varias licitaciones por inconsistencias en facturas y números de timbrado que no coincidían con los del RUC, Renfe continuó operando sin mayores restricciones en distintas instituciones públicas.
En los últimos ocho años, la firma acumuló al menos 15 contratos estatales que totalizan cerca de G. 3.200 millones. Entre las entidades que contrataron sus servicios figuran la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Ministerio de Salud y varias municipalidades del país.
