Emiten orden de captura contra el exministro Bajac
La decisión, firmada por la jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer, se produce después de que quedara firme la condena de tres años de prisión por cohecho pasivo agravado, una causa que volvió a exponer las fisuras internas de la institución encargada de impartir justicia en el país.
La captura fue dispuesta tras la resolución de la Sala Penal, que hace apenas diez días rechazó de manera definitiva los recursos de casación interpuestos por la defensa. Con ese fallo, la sentencia dictada en primera instancia quedó plenamente ejecutable. De acuerdo con el expediente, Bajac habría exigido un pago de 50.000 dólares para emitir un voto judicial favorable, un episodio ocurrido mientras integraba la máxima instancia judicial y que, desde su denuncia en 2023, generó conmoción dentro y fuera de los tribunales.
La orden también alcanza al exfuncionario Rafael Luis María Ramírez, condenado a dos años y seis meses por su implicancia en el mismo caso. La magistrada dispuso su detención inmediata y la remisión de ambos a la Penitenciaría Industrial Esperanza, donde deberán cumplir pena en régimen cerrado. Las fuerzas de seguridad ya fueron alertadas y preparan un operativo para ubicarlos, pues ninguno de los dos ha sido localizado en los domicilios declarados desde que la sentencia quedó firme.
La investigación que desembocó en la caída del exministro se inició hace dos años, luego de que la Fiscalía recibiera denuncias sobre supuestas irregularidades en un voto suyo relacionado con una causa de abuso sexual. Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó testimonios y documentos financieros que convinieron a los jueces sobre la existencia del pedido ilícito. La confirmación posterior por parte de la Corte cerró definitivamente la vía recursiva y habilitó la etapa ejecutiva que ahora entra en vigor.
La decisión judicial provocó reacciones inmediatas. Organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos destacaron que el cumplimiento de la condena es una señal indispensable para recuperar credibilidad institucional, aunque insistieron en que el caso exhibe la urgencia de mecanismos de control más robustos dentro del sistema judicial. El gremio de abogados también se pronunció, subrayando que la independencia judicial no puede convertirse en un escudo que ampare abusos de poder y prácticas corruptas.
En paralelo, la defensa de Bajac anunció que seguirá intentando revertir la situación por las vías que aún considere disponibles, aunque las posibilidades jurídicas son reducidas tras la decisión de la Sala Penal. El exministro, quien renunció en medio del escándalo, permanece en paradero desconocido y su captura podría concretarse en cualquier momento dependiendo de la rapidez del operativo policial.
El caso se suma a una serie de episodios recientes que han alcanzado a integrantes del Poder Judicial y reavivan el debate sobre la necesidad de una reforma de fondo. Las denuncias acumuladas y las sanciones a magistrados en los últimos meses han contribuido a un deterioro progresivo de la confianza pública en la administración de justicia. La concreción de esta orden de captura podría convertirse en un punto de inflexión para impulsar cambios de mayor profundidad, incluyendo proyectos largamente discutidos sobre tribunales especiales para juzgar a jueces y fiscales.