“Perdón al Paraguay porque salieron a volar mis helicópteros y no les pedí permiso. La próxima les aviso antes”. Así se burlaba Sebastián Marset, un prófugo de la Justicia acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas. A través de un canal uruguayo de televisión, y ante la mirada internacional, uno de los criminales más buscados exhibe de manera flagrante la ruta hacia la instauración de un Estado fallido donde se ha perdido la soberanía.
Las autoridades de seguridad de nuestro país alegan que desconocen el paradero de Marset, careciendo incluso de una pista mínima sobre el lugar de su encuentro con la periodista que lo entrevistó. Supuestamente, este evento tuvo lugar en territorio nacional, donde se presume que incluso reside en la actualidad. La inevitable conclusión es que esta situación supone una derrota del Gobierno en su deber de enfrentar con eficacia al crimen organizado. La falta de radares y aviones de patrulla deja el espacio aéreo paraguayo vulnerable y desprotegido.
Sebastián Marset Cabrera, un ciudadano uruguayo de 32 años, es sindicado como el líder de la organización denominada Primer Cartel Uruguayo (PCU). En octubre de 2022, en el marco del operativo “A Ultranza Py”, calificado como el mayor golpe al crimen organizado y lavado de dinero en nuestro país, se emitió una orden de captura internacional en su contra. Aunque se le vincula como supuesto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022, hasta el momento no se le han presentado cargos.
En Uruguay, sus antecedentes datan del 2013, cuando ingresó a prisión por narcotráfico. Estuvo 5 años recluido, estableció relaciones con miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y creó su propia organización, según medios uruguayos. Es buscado por la Interpol, Europol y la DEA. La investigación también concluye que Marset empleó al menos tres identidades distintas para pasar desapercibido en Bolivia, sin usar ningún tipo de documento uruguayo.
Su influencia parece no tener límites, como se evidenció recientemente con el levantamiento de la orden de captura internacional que pesaba sobre su esposa y un presunto testaferro, lo que derivó en cambios en la cúpula de la Policía Nacional paraguaya y encendió las alarmas en Uruguay y la central de Interpol, en Francia. Tras investigaciones, la Fiscalía determinó que el cese del código rojo se originó desde las oficinas de Interpol Paraguay.
En el Paraguay, las megaestructuras delictivas, que pueden llegar a ser más poderosas que el propio Gobierno, atentan contra la soberanía en sus disputas territoriales para cometer los hechos punibles que se les sindican, escalando todos los niveles: el soborno, la corrupción, extorsión, impunidad, hasta llegar a la eliminación física de quienes resulten un obstáculo para llegar a sus metas.
Este contexto resalta las debilidades estructurales que presenta el Gobierno, aunque las mismas sean heredadas y agravadas por años de negligencia, cuando no complicidad. Es imperativo tomar medidas para recuperar el control y reivindicar la soberanía, especialmente en el ámbito aéreo. Dada la magnitud de los desafíos que enfrenta nuestro país, la pregunta es si Paraguay podrá recuperar el terreno en esta batalla, aparentemente perdida, contra el crimen organizado.
Es hora de replantear políticas públicas para una verdadera defensa nacional y de política criminal, a fin de garantizar a toda la población la seguridad de la cual está privada en estos momentos. Se necesita mejor formación de cuerpos de élite, unidades militares y policiales entrenados para defendernos del crimen trasnacional, como ya se había mencionado en editoriales anteriores de El Nacional.
Urge que los organismos responsables se actualicen con capacitaciones idóneas y especializaciones de los funcionarios responsables de investigar y reprimir al crimen organizado y, sobre todo, propiciar la cooperación internacional de los países donde las organizaciones criminales tengan su “matriz”, incluso para responder hasta los altos costos que representan para el Estado paraguayo. Se necesita, en principio, responsabilidad, compromiso, cooperación y recursos suficientes para combatir con efectividad a estas empresas criminales que pretenden restar tranquilidad a toda la población nacional.
Con su mensaje, el uruguayo más buscado logró dejar en ridículo a nuestro país. Lo más grave y lamentable es que se llegó a esta situación porque las instituciones son débiles. La corrupción y las mafias permean en todos los sectores. Es por eso que Marset se considera soberano dentro del Paraguay, cual “señor de los cielos”.
