PolíticaEntrevista a Esperanza Martínez
La senadora Esperanza Martínez volvió a poner el foco sobre la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), pero esta vez con un diagnóstico que trasciende la coyuntura y apunta a fallas estructurales en el modelo de gestión.
En una entrevista con el diario El Nacional, desde su experiencia como médica y exministra de Salud, Martínez planteó que el problema central radica en el financiamiento y en el uso ineficiente de los recursos, especialmente a través de tercerizaciones que, según afirmó, duplican o triplican costos sin controles rigurosos de calidad ni de precios.
La crítica no se limita a la erogación en sí, sino al criterio con que se toman las decisiones: cuestiona la ausencia de análisis de costo-eficiencia y sugiere la existencia de vínculos entre sectores privados y autoridades que distorsionarían el sistema de contrataciones.
"Simplemente pagamos más porque ´nuestro amigo tiene que ganar la licitación´ o porque hay un curro entre cierto grupo del sector privado y los sistema de salud, porque esto va para IPS y para el Ministerio de Salud", criticó.
Falta de tablero de control
Uno de los ejes más relevantes de su análisis es la ausencia de un sistema de monitoreo permanente. Martínez describió la necesidad de un "panel de control" que permita evaluar semanal o quincenalmente indicadores clave: funcionamiento de hospitales del interior, stock de medicamentos, cronogramas de licitaciones, desempeño de urgencias, terapias, servicios ambulatorios y áreas de apoyo como enfermería, limpieza o cocina.
"El presidente y el Consejo deberían saber semanalmente qué pasa, qué pasa en los hospitales del interior y en los servicios concentrados y a nivel central (...) Un hospital o una red de servicios tiene que tener un panel de control y se tiene que evaluar semanal, quincenalmente para determinar los problemas y buscar las soluciones", apuntó.
Desde una perspectiva técnica, su planteamiento apunta a una falla de gobernanza: sin indicadores medibles ni evaluación continua, la gestión se vuelve reactiva y no preventiva.
Para la legisladora, lo que predomina es la inercia institucional, donde los problemas se repiten sin intervención estructural.
"Allí se sientan todos los días en un escritorio y mientras el mundo continúa igual con los mismos problemas, con las mismas situaciones, no hay gestión,no hay voluntad política de cambio", lamentó.
Recursos humanos
Otro punto central es la política de recursos humanos. Martínez denunció que persiste el clientelismo político en la designación de cargos estratégicos, lo que debilita la capacidad técnica de la institución. En términos de gestión pública, esto implica una desconexión entre meritocracia y toma de decisiones, afectando directamente la eficiencia operativa.
La senadora sostiene que la combinación de financiamiento desordenado, falta de control, tercerizaciones cuestionadas y decisiones políticas en cargos técnicos configura un problema sistémico más que administrativo.
"Hay como múltiples factores y agreguemos la corrupción, agreguemos la falta de voluntad política para intervenir en estos problemas. Entonces el problema es complejo y necesita tener un plan estratégico de intervención", acotó.
Plan estratégico o salida
En ese marco, Martínez planteó que el presidente del IPS debería presentar un plan estratégico integral o dar un paso al costado. Dicho plan, según su visión, debería incluir:
- Diagnóstico financiero claro (caja, cronogramas de licitación, sobrecostos).
- Auditoría y control de servicios tercerizados.
- Mecanismos permanentes de evaluación de calidad.
- Reorganización interna con criterios técnicos.
"Es como entrar, administrar una compleja institución que necesita niveles de intervención, un panel de control y acciones concretas que se van revisando periódicamente porque nunca se solucionan todos los problemas pero lo que no se puede tener siempre el mismo problema por las mismas causas durante 50 años (...) Hay que tener un diagnóstico del por qué suceden las cosas", alertó.
Finalmente, cuestionó el respaldo del Poder Ejecutivo a la actual conducción del IPS, sugiriendo que el sostenimiento político respondería a intereses económicos compartidos.
Esa afirmación introduce un componente político al debate técnico, ya que instala la discusión sobre si la crisis es resultado de incapacidad administrativa o de decisiones deliberadas que protegen determinados esquemas de negocios.
"Seguramente porque hay contubernios económicos ahí, porque se defienden negocios comunes, no hay otra razón para sostener a una persona que no puede resolver los problemas y tampoco ni siquiera hace un esfuerzo para decir que tiene la manera de actuar en una crisis como la que está viviendo la institución", concluyó.
