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Con la ratificación de sus representantes en Diputados y la designación previa en el Senado, el oficialismo colorado consolidó su dominio en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dos organismos decisivos para la selección, control y eventual remoción de jueces, fiscales y otros operadores del sistema judicial.
Diputados ratifica a sus mismos representantes
La Cámara de Diputados completó este martes una nueva movida de poder del oficialismo cartista al ratificar a sus representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, dos órganos extrapoderes que tienen incidencia directa en el funcionamiento del sistema de justicia.
En sesión extraordinaria, la Cámara Baja confirmó nuevamente a los diputados Alejandro Aguilera, de Honor Colorado, y Diego Candia, también colorado, como representantes titulares ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Aguilera obtuvo 48 votos y Candia 47 votos, suficientes para imponerse sobre la propuesta de la oposición.
El bloque opositor, integrado por el PLRA y sectores del tercer espacio, propuso a Rodrigo Blanco y Pedro Gómez para ocupar los lugares en el JEM. Sin embargo, Blanco alcanzó 30 votos y Gómez 29, quedando desplazados por la mayoría colorada.
Para el Consejo de la Magistratura, el oficialismo también aseguró la continuidad de Édgar Olmedo como representante titular de Diputados. Su designación fue aprobada con 72 votos. Como suplente fue confirmado el diputado colorado José Rodríguez.
La decisión dejó prácticamente sin espacio a la oposición en estos organismos, pese a los reclamos de mayor pluralidad, equilibrio y control recíproco en instituciones que intervienen en decisiones sensibles para la carrera judicial.
La aplanadora colorada volvió a imponerse
El resultado en Diputados no fue sorpresivo. Desde antes de la sesión, referentes colorados ya habían adelantado que existía un acuerdo para mantener a los mismos representantes. El diputado Hugo Meza sostuvo que Aguilera, Candia y Olmedo contaban con la confianza de las bancadas coloradas y defendió la continuidad de los actuales miembros.
La postura del oficialismo fue clara: usar su mayoría para garantizar la permanencia de sus figuras en los espacios de representación parlamentaria. El argumento fue la supuesta experiencia, preparación jurídica y continuidad institucional de los legisladores designados.
Sin embargo, desde la oposición se cuestionó que esa "continuidad" en realidad consolida un esquema de copamiento político. El diputado Raúl Benítez fue uno de los que apuntó con más dureza contra la ratificación de Aguilera y Candia, al sostener que no actúan como representantes de toda la Cámara, sino como operadores de su bancada.
Benítez recordó además que los mismos sectores que hoy vuelven a ocupar lugares en el JEM habían bloqueado pedidos de informe relacionados al caso del exsenador Hernán Rivas, cuyo título de abogado fue denunciado como falso. Para el opositor, el Jurado es un espacio donde se "especula políticamente, se aprieta y se suelta".
Oposición denuncia falta de pluralidad
El diputado Rodrigo Blanco, quien fue postulado por la oposición para integrar el JEM, planteó que el oficialismo debía dar una señal de apertura y respeto hacia otros sectores de la sociedad. Su reclamo apuntó a que organismos de esta naturaleza no deberían quedar concentrados únicamente en manos del signo político que controla el Congreso.
Blanco sostuvo que la democracia no termina en la decisión de una mayoría circunstancial y recordó que el modelo republicano exige participación, pluralidad y control entre poderes.
La crítica opositora se centró en un punto clave: si el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados quedan dominados por representantes del mismo bloque político, se debilita la posibilidad de garantizar independencia, imparcialidad e idoneidad en decisiones que afectan directamente a jueces, fiscales, defensores públicos y otros operadores de justicia.
El Senado ya había abierto el camino
La decisión de Diputados llegó después de una jugada similar en la Cámara de Senadores. La semana pasada, el Senado también utilizó su mayoría para definir sus representantes ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En la Cámara Alta fueron designados como titulares ante el JEM los senadores Mario Varela y Pedro "Pipo" Díaz Verón. Varela fue ratificado en el cargo, mientras que Díaz Verón ingresó como nuevo miembro titular en reemplazo de Derlis Maidana.
La moción fue impulsada por el oficialismo colorado, a través del senador Natalicio Chase. La oposición había planteado como alternativa a Celeste Amarilla y Rubén Velázquez, pero la propuesta no obtuvo los votos necesarios.
Como suplentes ante el JEM fueron designados Hermelinda Alvarenga, Derlis Maidana y Carlos Núñez.
En el Consejo de la Magistratura, el Senado ratificó al senador Édgar López como miembro titular. Como suplente fue designado Enrique Salyn Buzarquis.
Consejo y Jurado, dos órganos decisivos
El Consejo de la Magistratura tiene un rol central en la estructura judicial porque se encarga de los procesos de selección y conformación de ternas para cargos sensibles, entre ellos jueces, fiscales, defensores públicos y otros puestos relevantes dentro del sistema de justicia.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por su parte, tiene la función de analizar la conducta y el desempeño de magistrados, fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra. Puede investigar, juzgar y eventualmente remover a operadores judiciales por mal desempeño.
Por eso, la disputa por estos espacios no es menor. No se trata solamente de cargos honoríficos o administrativos, sino de lugares desde donde se puede influir en la carrera judicial, en los procesos disciplinarios y en la permanencia o salida de fiscales y jueces.
El caso Rivas vuelve como antecedente incómodo
La nueva integración del JEM se da en medio de una fuerte desconfianza pública hacia el órgano, especialmente por el antecedente del exsenador Hernán Rivas, quien llegó a presidir el Jurado pese a las denuncias sobre su supuesto título falso de abogado.
El caso dejó expuesta la fragilidad de los controles políticos e institucionales para designar representantes en un organismo que debe juzgar precisamente la conducta de jueces y fiscales.
Incluso dentro del propio oficialismo se admitió que la designación de Rivas fue un error político. Sin embargo, la oposición sostiene que los mismos sectores que permitieron ese antecedente hoy vuelven a cerrar filas para conservar el control del Jurado.
La crítica apunta a que, lejos de abrir una etapa de corrección institucional, el Congreso volvió a priorizar la lógica de reparto y control partidario.
Copamiento sin equilibrio de poderes
Con lo ocurrido en Diputados y Senado, el oficialismo cartista consolidó una presencia determinante en los órganos extrapoderes vinculados al sistema judicial. En ambas cámaras se impuso la mayoría colorada y quedaron relegadas las propuestas opositoras.
El resultado político es claro: el Congreso mantiene bajo predominio oficialista los espacios parlamentarios en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Para la oposición, esto profundiza el copamiento de instituciones claves y reduce las garantías de independencia. Para el oficialismo, en cambio, se trata de una ratificación basada en experiencia, confianza política y continuidad institucional.
Pero el punto de fondo sigue siendo el mismo: cuando los órganos que seleccionan, controlan y sancionan a jueces y fiscales quedan dominados por un mismo sector político, el riesgo es que la justicia termine subordinada a acuerdos de poder antes que a criterios de imparcialidad, transparencia e idoneidad.
Una mayoría que no cede espacios
La nueva distribución confirma que el cartismo no está dispuesto a ceder lugares estratégicos dentro del esquema institucional. Ni en el Senado ni en Diputados prosperaron las propuestas opositoras para introducir contrapesos en los órganos extrapoderes.
El mensaje político es contundente: la mayoría oficialista no solo gobierna el Congreso, sino que también busca proyectar su influencia sobre los mecanismos que definen quiénes llegan a cargos judiciales y quiénes pueden ser sancionados o removidos dentro del sistema.
En un contexto marcado por denuncias de títulos falsos, cuestionamientos al JEM, sospechas de negociaciones políticas y reclamos de independencia judicial, la ratificación de los mismos representantes vuelve a instalar una advertencia institucional: sin pluralidad real, los órganos de control pueden convertirse en extensiones del poder político antes que en garantías del Estado de derecho.
