PolíticaPeña
El anuncio fue realizado por el presidente Santiago Peña, quien destacó que la iniciativa es resultado de un proceso de diálogo con representantes de distintos sectores vinculados a la actividad aseguradora. Según explicó, la propuesta apunta a establecer normas más modernas para el funcionamiento de las compañías de seguros, al tiempo de reforzar la protección de los consumidores mediante mayores estándares de transparencia y seguridad jurídica.
Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema actualmente vigente quedó rezagado frente a la evolución de la industria. El sistema de supervisión utilizado hasta ahora se basa principalmente en criterios tradicionales de solvencia financiera, sustentados en requisitos de capital, provisiones e inversiones que toman en cuenta riesgos limitados y no reflejan de manera integral la realidad operativa de cada aseguradora.
La exposición de motivos del proyecto señala que el modelo actual presenta dificultades para medir con precisión los riesgos asumidos por las empresas del sector, debido a que no contempla adecuadamente variables como la valoración de mercado de las inversiones ni el comportamiento real de las provisiones técnicas. Como consecuencia, las autoridades consideran necesario migrar hacia un esquema más moderno, centrado en la gestión y supervisión de riesgos.
La propuesta plantea que las compañías aseguradoras adopten nuevas herramientas de administración y control, alineadas con estándares internacionales utilizados en mercados más desarrollados. Asimismo, prevé cambios importantes en la labor de los organismos reguladores, que deberán adecuar sus mecanismos de fiscalización al nuevo enfoque.
La normativa que actualmente regula al sector fue aprobada en 1996 durante la administración de Juan Carlos Wasmosy. Dicha legislación dio origen a la Superintendencia de Seguros y estableció las reglas para la operación de compañías nacionales y extranjeras, además de definir las facultades de control y supervisión del Estado sobre la actividad.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca actualizar un marco legal que lleva más de 30 años en vigencia y adaptarlo a las exigencias de un mercado cada vez más complejo, en un contexto donde la gestión eficiente de los riesgos y la protección de los asegurados adquieren un papel cada vez más relevante dentro del sistema financiero.
