El Estado frente al crimen
La semana que termina estuvo signada por hechos de violencia en diferentes grados, desde asaltos casi “domésticos” hasta grandes operativos criminales. El propio subcomandante de la Policía admitió la vulnerabilidad del Departamento Central que, según sus propias palabras, “es la zona donde los delincuentes realizan con mayor afluencia sus golpes”.
Si bien el funcionario anunció el refuerzo de los controles en calles y ómnibus, es obvio que este tipo de medidas se orienta a resolver solo una parte del problema, descuidando un costado por demás importante, el del crimen organizado. En este último caso, las cosas ya cobran otra dimensión, pues se lucha contra estructuras consolidadas que se sostienen mediante el concurso de múltiples agentes enquistados en las instancias que, por ley, deberían proteger a la población.
El sistema del delito no solo involucra, pues, a los aparatos de seguridad del Estado (no solo en la Policía se ha detectado corrupción), sino que, de manera clave, se vincula al Poder Judicial. El mismo subcomandante explicó que muchos jefes de grupos criminales salen de la cárcel y vuelven a su red delincuencial, que nunca fue desactivada y que, en muchísimos casos, opera desde la misma penitenciaría. Asimismo, a la corrupción tantas veces denunciada en la aplicación de condenas leves para delitos de extrema gravedad se suma la desidia de muchos agentes judiciales.
Lo cierto es que, a la par del crimen organizado, que tiene sus propias leyes y su modalidad particular, se ha incrementado el delito doméstico del que hablábamos al principio, ese “raterismo” urbano que engrosa permanentemente sus filas con adolescentes en situación de pobreza que no tienen más horizonte que el robo y la violencia. Este hurto muchas veces agravado, que empieza quizás sin mayores expectativas, es el camino seguro hacia conductas sociales sin retorno.
Estamos ante una cuestión que no se resuelve con aumentar la vigilancia, aunque en principio esto sirva, ni con incrementar las penas, aunque también esto pueda tener efecto disuasorio. Esta es una problemática compleja que exige una política de Estado que contemple, junto a la seguridad, la salud y la educación.
Mientras el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no aborden el flagelo de la inseguridad de manera concertada e inteligente, en todas las instancias que corresponde, seguiremos asistiendo, cíclicamente, al espectáculo de la violencia que se cobra vidas y bienes, ante una ciudadanía cada vez más indefensa y un Estado cada vez más débil, en cuyas estructuras la corrupción y la ineficiencia se disputan el protagonismo.
D.D.W.S.