PolíticaCaja Fiscal
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público se encamina a una presión financiera de gran escala si el país no introduce correcciones estructurales en su funcionamiento. Proyecciones oficiales advierten que, de mantenerse el esquema actual, el desequilibrio acumulado entre ingresos y egresos podría rozar los US$ 10.000 millones en la próxima década, una carga que recaería directamente sobre el presupuesto estatal.
Los números recientes reflejan una tendencia preocupante. Solo en 2025, el déficit del sistema superó los US$ 380 millones. Si se toma el período comprendido entre 2016 y 2025, el saldo negativo acumulado asciende a más de US$ 1.680 millones, según datos del . Lejos de estabilizarse, el desfasaje crece año a año, impulsado por el aumento del gasto en jubilaciones y la insuficiencia de los aportes.
Las estimaciones oficiales para el período 2026-2035 indican que, sin una reforma que modifique los parámetros vigentes, el déficit podría ubicarse en torno a los US$ 9.800 millones. El principal problema radica en la brecha persistente entre lo que ingresa al sistema por cotizaciones y lo que se paga en beneficios, una diferencia que el Tesoro debe cubrir de forma creciente.
El economista , investigador del , sostiene que la situación responde a un déficit de carácter estructural. A su criterio, el régimen actual presenta asimetrías significativas entre distintos sectores, con beneficios que no siempre guardan relación con los aportes realizados. En ese contexto, considera que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo apunta en la dirección correcta, aunque reconoce que pudo haber sido más ambicioso aprovechando el momento político y económico.
El planteamiento oficial busca reducir esas desigualdades, especialmente en sectores con condiciones jubilatorias más ventajosas, como las fuerzas públicas y el sector docente. El objetivo es aliviar la presión financiera del sistema, aun sabiendo que el déficit no desaparecerá por completo y que el Estado seguirá realizando aportes para garantizar el pago de las jubilaciones.
Ibarrola advierte además que una de las claves será evitar modificaciones legales puntuales que terminen "perforando" el sistema, como ocurrió tras la reforma de 2003, cuando excepciones y cambios posteriores aceleraron el deterioro financiero. En la actualidad, Paraguay enfrenta mayores exigencias externas en materia de disciplina fiscal, vinculadas a su reciente acceso al grado de inversión, lo que reduce el margen para decisiones que comprometan la sostenibilidad de largo plazo.
El economista también subraya que la discusión no debería limitarse únicamente a la Caja Fiscal. Existen otros regímenes previsionales con problemas similares, como la Caja Municipal, la Parlamentaria o la Ferroviaria, algunos de los cuales carecen incluso de información pública detallada sobre su situación financiera. En ese escenario, el rol de la Superintendencia de Pensiones será determinante para ordenar datos, establecer controles y avanzar hacia un sistema más coherente.
La iniciativa de reforma en análisis propone, entre otros puntos, fijar una edad mínima de jubilación —entre 57 y 62 años— para sectores que hoy no la tienen, ajustar el cálculo de los haberes en función del promedio salarial de los últimos cinco años y eliminar mecanismos automáticos de equiparación con salarios del personal activo para los nuevos jubilados. También contempla elevar la tasa de aportes de los trabajadores y sumar una contribución estatal específica.
Desde el Ejecutivo se aclaró que los cambios no afectarán a quienes ya están jubilados ni a los aportantes que cumplan con los requisitos actuales, quienes mantendrán sus derechos bajo el régimen vigente. En paralelo, en el ámbito legislativo se descarta, al menos por ahora, la posibilidad de compensar el déficit mediante un aumento del IVA. La señal política es clara: la reforma previsional aparece como un paso inevitable para evitar que el rojo de la Caja Fiscal se convierta en una amenaza mayor para las finanzas públicas del país.
