El año de los escándalos políticos: audios, sobres, planilleros y un Congreso en modo blindaje
Entre el Congreso convertido en fábrica de polémicas y el Ejecutivo golpeado por un caso de plata en efectivo dentro de la residencia presidencial, el año terminó con una conversación repetida en la calle: "otra vez lo mismo".
El caso Orlando Arévalo fue, para muchos, el símbolo más pesado del año porque tocó la fibra de la "justicia negociada". La filtración de chats con Lalo Gomes y las derivaciones sobre supuestas gestiones y movidas alrededor del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados terminaron de dinamitar la credibilidad del sistema de control a jueces y fiscales. Arévalo renunció al JEM y pidió su desafuero, pero el daño ya estaba hecho: el episodio instaló la sospecha de que hay expedientes que caminan o se frenan por contactos, y no por derecho.
El segundo escándalo grande fue el de los audios atribuidos a "Yamy Nal" y "Chaqueñito", que pusieron al Senado en el centro de una acusación brutal: hablar de cargos, coimas y la donación de Taiwán como si fuera una bolsa a repartir. Más allá de la pelea interna y de cómo cada sector intentó acomodar el relato, lo que quedó fue el impacto político: la ciudadanía escuchó, en primera persona y sin filtro, el tipo de conversaciones que alimentan la idea de que la rosca vale más que la institucionalidad.
El tercer hecho, que prendió fuego por lo directo y "entendible" del esquema, fue el escándalo de los "neposobrinos" en el Senado, con el caso de la senadora Noelia Cabrera como el emblema del año: familiares contratados, sospecha de planillerismo y renuncias después de que el tema explotó públicamente. La palabra "neposobrinos" no quedó como chiste: se volvió un resumen popular del nepotismo con sueldo del Estado, y volvió a poner a la Cámara Alta bajo la lupa por el manejo del presupuesto interno y la cultura de "acomodar gente".
El cuarto escándalo fue, esta vez sí, un golpe directo a Santiago Peña y al corazón del poder: los "sobres" con miles de dólares en Mburuvicha Róga. La denuncia se volvió una bomba por el lugar donde ocurre, por el relato de una familia despedida y por la pregunta que nadie pudo barrer debajo de la alfombra: de dónde salió la plata, para qué era y cómo se manejaba efectivo dentro de la residencia presidencial. El tema se estiró en el tiempo, sumó versiones cruzadas y terminó siendo uno de esos casos que dejan olor a que falta una explicación completa, no un comunicado defensivo.
El quinto escándalo, ya más estructural pero igual de corrosivo, fue la crisis de ciberataques y el costo político que se acumuló sobre el MITIC y Gustavo Villate. Hubo reportes de afectación a múltiples instituciones y una discusión que dejó de ser "técnica" para volverse política: quién se hace cargo, por qué se repite, qué se hizo (y qué no) para proteger datos y servicios públicos. El tema prendió fuerte porque la gente no lo lee como un problema de nerds: lo lee como Estado vulnerable, y eso en un año cargado de sospechas pega doble.
En el cierre del año, el ambiente se terminó de pudrir con otra postal que, aunque no entre como "escándalo único", explica el clima: el blindaje político como reflejo. Diputados maniobró para dejar sin quórum y no tratar pedidos de intervención municipal, reforzando la sensación de pacto de impunidad y de que el sistema se protege a sí mismo cuando el costo puede ser alto. Esa forma de operar fue el telón de fondo que hizo que cada escándalo del 2025 no parezca una excepción, sino parte de la rutina.