Ejecutivo no transparenta cifras de millonaria industria del cannabis medicinal, denuncian
Uno de los requerimientos está dirigido a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) y busca esclarecer cómo se está aplicando la ley que regula el uso medicinal del cannabis. Los legisladores pretenden conocer qué laboratorios cuentan con autorización para producir e industrializar derivados de la planta, tanto a nivel nacional como internacional, y cuáles están operando efectivamente.
Además, se exige información concreta sobre la producción total, la distribución de estos productos y qué empresas han abastecido a los pacientes registrados en el sistema. El foco también está puesto en el acceso gratuito contemplado por la normativa, ya que se solicita detallar cuántos medicamentos fueron entregados sin costo y cómo se garantiza ese beneficio en la práctica.
Otro punto clave es la exigencia de explicar los mecanismos vigentes para asegurar el acceso de los beneficiarios, así como las dificultades que podrían estar impidiendo el cumplimiento pleno de la ley. La intención es determinar si el programa funciona como establece la normativa o si existen fallas estructurales que limitan su alcance.
El segundo pedido apunta al Instituto Forestal Nacional (INFONA) y se centra en el manejo del fuego, una problemática recurrente que genera preocupación tanto por su impacto ambiental como por su posible vínculo con actividades ilegales.
En este caso, los diputados solicitan informes sobre la vigencia de la política nacional de manejo del fuego, los planes implementados y el tipo de asistencia que se brinda a las municipalidades para el control de quemas. También piden conocer si los gobiernos locales están reportando correctamente los permisos otorgados y las quemas efectivamente realizadas.
El requerimiento incluye datos estadísticos detallados por departamento y municipio, lo que permitiría dimensionar el alcance real de estas prácticas y el nivel de control estatal.
El aspecto más delicado del pedido se vincula con la posible utilización de quemas en actividades ilícitas, particularmente relacionadas a cultivos de drogas. En ese sentido, se exige saber si existen registros, alertas o reportes sobre este tipo de situaciones y si hay coordinación con organismos de seguridad para su detección.
Asimismo, se solicita información sobre los sistemas de monitoreo y si estos contemplan criterios de riesgo en zonas donde históricamente se han detectado actividades ilegales.
Con estos pedidos, el Congreso busca forzar al Ejecutivo a transparentar datos en dos áreas donde hasta ahora predominan las dudas sobre la efectividad de las políticas públicas y la capacidad de control del Estado.