EE. UU. destroza a Paraguay en informe de derechos humanos: "Impunidad, represión y corrupción"
El informe sostiene que en 2024 no hubo mejoras significativas en la situación de los derechos humanos, y que la libertad de expresión fue uno de los ámbitos más golpeados. El Congreso, dominado por el oficialismo, tomó medidas directas contra organizaciones civiles y periodistas críticos, utilizando incluso comisiones legislativas para intimidar y desacreditar a opositores mediante acusaciones falsas y filtraciones malintencionadas, refiriéndose a la "Comisión Garrote" del cartismo.
Se documentaron amenazas y hostigamientos contra periodistas, incluidas advertencias públicas de enjuiciarlos por exponer casos de corrupción o abuso de poder. En zonas fronterizas, grupos criminales también presionaron a la prensa con amenazas de violencia, reforzando un clima de autocensura y miedo.
Impunidad y corrupción en las fuerzas de seguridad
Aunque hubo investigaciones contra funcionarios de menor rango por abusos, el reporte señala que persiste una impunidad sistemática para políticos, policías y autoridades de alto nivel. Las denuncias de tortura y tratos crueles son recurrentes: entre enero y agosto de 2024, la Fiscalía abrió 124 investigaciones, pero no logró una sola condena.
Los casos suelen estancarse por años debido a la falta de recursos, la corrupción judicial y las maniobras dilatorias. Incluso se reporta que guardiacárceles acusados de tortura son simplemente trasladados a otras dependencias sin enfrentar procesos reales.
Arrestos arbitrarios y detenciones prolongadas
Organizaciones civiles y medios denunciaron detenciones arbitrarias por parte de la Policía, en algunos casos con extorsión incluida para obtener la liberación de las víctimas. La prisión preventiva prolongada, derivada de la corrupción y el colapso judicial, continúa siendo una práctica habitual, con personas encarceladas más allá de los plazos legales sin juicio.
Derechos laborales debilitados
El informe expone un escenario preocupante para los trabajadores: el Ministerio de Trabajo es incapaz de garantizar el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva o el derecho a huelga. Los empleadores que violan derechos laborales rara vez enfrentan sanciones, y las inspecciones son insuficientes.
El sector informal, que representa más del 60% de los empleos no agrícolas (y el 90% entre adolescentes de 15 a 19 años), queda totalmente fuera de la cobertura legal, perpetuando la explotación y las malas condiciones laborales.
Situaciones no resueltas y deudas históricas
El reporte recuerda que tres personas permanecen secuestradas desde hace años por grupos armados —entre ellas el exvicepresidente Óscar Denis— sin avances significativos en su rescate. Además, más de 900 casos de tortura de la dictadura de Stroessner siguen pendientes de resolución, reflejando la incapacidad del sistema para cerrar heridas históricas.
Un panorama desolador
La conclusión del Departamento de Estado es contundente: Paraguay afronta serias violaciones a los derechos humanos, con un aparato institucional débil, cooptado y permeado por la corrupción. Las promesas de reformas y de respeto a las libertades se ven desmentidas por una realidad en la que el poder político, las fuerzas de seguridad y grupos criminales imponen un clima de intimidación y abuso.
El informe no solo retrata el presente, sino que advierte sobre el futuro: sin una respuesta firme para romper la impunidad y proteger efectivamente las libertades fundamentales, el país seguirá sumido en un círculo vicioso de represión, corrupción y desigualdad.