EE. UU. denuncia: Oficialismo usa al Congreso para intimidar y perseguir
Entre otras prácticas similares, también señala la ley anti-ONG aprobada en los últimos dos años, que refuerza el control del oficialismo sobre la sociedad civil y la ciudadanía organizada.
El informe describe que durante 2024 se registraron "varios casos de actores políticos utilizando amenazas e intimidaciones para restringir la libertad de expresión y de prensa, con el objetivo de silenciar a opositores". Entre las acciones más graves, destaca la creación de la Comisión Bicameral para la Investigación de Lavado de Dinero, Contrabando y Otros Delitos Conexos, integrada únicamente por legisladores del partido oficialista.
Esta comisión, conocida públicamente como "Comisión Garrote", fue utilizada —según el reporte— para intimidar a críticos mediante acusaciones falsas y amenazas de acciones legislativas con sanciones severas. En septiembre de 2024, la comisión exigió información minuciosa a organizaciones que implementaban proyectos con financiamiento internacional, especialmente de la cooperación estadounidense y europea.
Pocos días después, parte de esa información fue filtrada en redes sociales y presentada como supuesta evidencia de corrupción, señalando directamente a periodistas y activistas de la sociedad civil. El Departamento de Estado resalta que estas filtraciones no solo fueron engañosas, sino que respondieron a una campaña coordinada con medios afines al oficialismo para desprestigiar a opositores.
Además, el informe denuncia que el Congreso aprobó una ley que formaliza un mayor control gubernamental sobre las organizaciones de la sociedad civil, una normativa que coincide con el contenido de la polémica ley anti-ONG, ampliamente cuestionada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
El reporte también indica que "algunos actores políticos amenazaron públicamente con procesar a periodistas por reportar sobre abuso de poder y corrupción de funcionarios", y que estas amenazas se suman a un patrón de uso de leyes de difamación, injuria y calumnia como herramientas para inhibir la labor periodística y la crítica pública.
Contexto mediático y político
Durante el año, la Comisión Garrote fue objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Legisladores opositores denunciaron que, lejos de ser un organismo para investigar delitos complejos, se convirtió en un brazo político para hostigar a la disidencia. El senador Eduardo Nakayama calificó la comisión como "malparida" y consideró su informe final como "una basura" que merecía ir "al basurero".
El senador oficialista Gustavo Leite, uno de los miembros más visibles del organismo, defendió sus acciones argumentando que era necesario "llegar hasta el final" en las investigaciones, pero filtraciones posteriores y reportajes revelaron que la comisión también se utilizó para atacar a ONG y entidades vinculadas a la cooperación internacional que cuestionaban la gestión del Gobierno.
Amenazas más allá del Congreso
El Departamento de Estado advierte que la intimidación contra la prensa y las organizaciones no se limita al ámbito legislativo. Señala que en las zonas fronterizas con Brasil, grupos criminales ejercieron presiones y amenazas directas contra periodistas, dificultando su labor y fomentando la autocensura.
Asimismo, el informe remarca que las autoridades utilizaron en ocasiones leyes contra la difamación para responder a denuncias de corrupción, afectando tanto a periodistas como a propietarios de medios y líderes de organizaciones sociales.
Otras denuncias clave del informe de EE.UU.
Aunque el foco del reporte es la denuncia sobre el Congreso como herramienta de persecución, el documento también revela:
- Impunidad estructural: Entre enero y agosto de 2024, la Unidad Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió 124 investigaciones por tortura y abusos, sin ninguna condena. La mayoría de los casos se estancan durante años por corrupción judicial y falta de recursos.
- Casos históricos sin resolver: Más de 954 expedientes relacionados con torturas, en su mayoría de la dictadura de Stroessner, siguen sin sentencia.
- Vulneración de derechos laborales: El 63% de los trabajadores no agrícolas y el 90% de los adolescentes de 15 a 19 años trabajan en la informalidad, sin cobertura legal ni acceso a inspecciones.
- Persistencia de secuestros: Tres personas permanecen cautivas por el EPP y grupos afines desde 2014, 2016 y 2020, sin avances significativos en su rescate.
- Hostigamiento judicial: Uso de procesos legales para frenar o castigar el trabajo de defensores de derechos humanos, especialmente en causas vinculadas a corrupción y abuso de poder.
Amenaza para la democracia
El informe del Departamento de Estado visibiliza a nivel internacional un patrón de autoritarismo y hostigamiento político que en Paraguay ya es conocido, pero que ahora recibe un señalamiento contundente desde Washington. La "Comisión Garrote" y la ley anti-ONG aparecen como símbolos de un aparato institucional usado para neutralizar a opositores, periodistas y organizaciones críticas. Para el Departamento de Estado, estas prácticas, sumadas a la impunidad generalizada, constituyen una amenaza directa para la democracia y los derechos fundamentales en el país.
Puedes encontrar el reporte in extenso en el siguiente enlace.
