Dirigentes del magisterio expresaron su desconfianza respecto a las garantías de debate y alertaron que una eventual aprobación sin consenso no solo podría derivar en medidas de fuerza, sino también en un fuerte castigo electoral en las próximas municipales.
Desde la Federación de Educadores del Paraguay, su titular sostuvo que el gremio no se opone a introducir ajustes al sistema previsional, pero rechaza cualquier intento de imponer cambios sin un proceso amplio de discusión en las comisiones legislativas. En ese sentido, advirtió que si el proyecto es tratado de manera acelerada en febrero, el sector se verá obligado a reaccionar, incluso con acciones que podrían afectar el inicio del año lectivo.
El dirigente puso el foco no solo en el impacto inmediato sobre las aulas, sino también en las consecuencias políticas. Recordó antecedentes en los que decisiones oficiales que perjudicaron al magisterio terminaron teniendo un alto costo electoral para el Partido Colorado. Según Piris, existe una memoria activa dentro del sector docente que se traduce en votos, especialmente en un año marcado por internas partidarias y elecciones municipales.
De acuerdo con sus estimaciones, una porción significativa del magisterio se identifica históricamente con el coloradismo, lo que convierte al conflicto en un factor sensible para el oficialismo. "Cuando se toman medidas contra los docentes, después eso se refleja en las urnas", insistió, al remarcar que no se trata de una amenaza sino de una advertencia basada en experiencias pasadas, incluidas derrotas internas sufridas por el actual presidente .
En paralelo, Piris confirmó que mantuvo reuniones con legisladores del oficialismo para trabajar en una contrapropuesta que contemple alternativas al aumento de la edad jubilatoria. La intención del gremio es presentar ese planteamiento hacia finales de enero, antes de que el tema ingrese formalmente al debate parlamentario.
Desde la presidencia del Congreso, minimizó el componente electoral del conflicto y afirmó que la discusión debe centrarse en la sostenibilidad del sistema previsional. A su criterio, la reforma apunta a proteger a las futuras generaciones de docentes y a corregir un esquema deficitario que termina siendo financiado por toda la ciudadanía.
No obstante, el propio titular del Legislativo reconoció que no existe certeza sobre el momento en que el proyecto será tratado, dejando abierta la posibilidad de que el debate coincida con el inicio del calendario escolar. Esa indefinición mantiene en alerta al sector educativo, que observa con preocupación un escenario en el que la reforma jubilatoria podría convertirse en uno de los ejes centrales de la disputa política y electoral de este año.
