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Consideran que el proceso está viciado por una supuesta manipulación proveniente del oficialismo, liderado por el sector cartista del Partido Colorado.
Mauricio Espínola, uno de los principales referentes del sector disidente, expresó su preocupación por lo que considera una distorsión del procedimiento, argumentando que las instituciones encargadas del control y la fiscalización están alineadas con intereses políticos. En ese sentido, cuestionó especialmente el rol de la Contraloría General de la República, a la que calificó de estar funcional a las directrices del cartismo.
"El oficialismo no disimula su cercanía con los que hoy encabezan las instituciones del Estado. No se puede ignorar que la Contraloría no se pronunció en su momento sobre situaciones comprometedoras, como lo ocurrido con la vivienda del presidente Santiago Peña", señaló Espínola, al tiempo de recordar el papel del contralor Camilo Benítez en la destitución de la exsenadora Kattya González, a quien se considera una figura incómoda para el oficialismo.
El legislador sostuvo que la bancada disidente no quiere verse envuelta en un proceso que consideran contaminado desde el origen. Según dijo, lo que se presenta como una cuestión administrativa y legal podría ser, en realidad, un movimiento político orquestado para fines particulares. "No vamos a avalar la sumisión de las instituciones. La fragilidad institucional ya es evidente", manifestó.
Fuerza Republicana también mencionó antecedentes recientes como muestra del uso político de las instituciones, citando la acusación impulsada por la Fiscalía -a partir de una denuncia presentada por el titular de la ANR, Horacio Cartes- contra varios exfuncionarios del gobierno anterior, entre ellos el expresidente Mario Abdo Benítez y el propio Espínola, en una causa por presunta filtración de información confidencial. Ambos se encuentran protegidos por fueros parlamentarios, lo que ha impedido su procesamiento hasta el momento.
Finalmente, Espínola explicó que la decisión de no participar de las comisiones también responde a la intención de evitar que una delicada situación institucional sea instrumentalizada dentro de un calendario político, lo que -a su criterio- terminaría por desvirtuar cualquier análisis técnico o jurídico que pudiera hacerse sobre las administraciones municipales en cuestión.
