Diputados vuelve a postergar el desafuero de Esteban Samaniego y el caso sigue sin avanzar
El último requerimiento fue remitido por el juez penal de garantías Osmar Legal dentro de la causa que investiga a Samaniego por una presunta lesión de confianza durante su administración como intendente de Quyquyhó. Sin embargo, la Mesa Directiva no incluyó el tema en el orden del día elaborado para la próxima sesión ordinaria.
El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hugo Meza, explicó que actualmente no existen los votos necesarios para aprobar los desafueros pendientes y sostuvo que cualquier avance dependerá de un amplio acuerdo entre las diferentes bancadas políticas. Según indicó, la mayoría requerida para autorizar estos pedidos obliga a alcanzar consensos que, hasta ahora, no se lograron.
Además del caso de Samaniego, continúan pendientes los desafueros de los diputados Roya Torres y Cleto Giménez, ambos procesados en causas vinculadas al presunto cobro indebido de salarios de familiares contratados en el Congreso. También permanece sin definirse la situación del diputado Mauricio Espínola, aunque su expediente adquirió características distintas luego de que denunciara una supuesta manipulación del proceso judicial tras la difusión de conversaciones que involucraban al abogado Pedro Ovelar y al fiscal Aldo Cantero.
Ese escenario llevó a Espínola a retirar su solicitud de desafuero en esa causa, mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen contrario al pedido al considerar que existían elementos que ponían en duda la imparcialidad del procedimiento.
Consultado sobre la posibilidad de que los propios legisladores soliciten voluntariamente el levantamiento de sus fueros, Meza respondió que esa alternativa sigue siendo objeto de conversaciones internas y que la decisión final depende exclusivamente de cada diputado involucrado.
Samaniego enfrenta actualmente cuatro procesos judiciales distintos. Entre ellos figura una causa por presunta difamación originada en 2019, otra por supuesta violación de domicilio presentada en 2022, una investigación por presuntas lesiones derivadas de un incidente con un concejal durante una jornada electoral y el proceso por una supuesta lesión de confianza relacionada con un presunto perjuicio patrimonial superior a G. 1.100 millones durante su gestión al frente de la Municipalidad de Quyquyhó. En todos los casos, los pedidos de desafuero fueron reiterados por la Justicia, pero hasta el momento permanecen sin tratamiento en la Cámara de Diputados.