Diputados urge habilitar uso de videocámaras en procedimientos
La propuesta apunta directamente a modificar artículos clave de la Ley N° 6757/2021, que desde su promulgación sigue sin ser reglamentada, a pesar de que el Ejecutivo tenía un plazo de 180 días para hacerlo.
Este estancamiento, según el legislador, ha generado un vacío legal que frena el uso de una herramienta considerada fundamental para garantizar la transparencia, el control y la protección de derechos durante acciones como allanamientos, inspecciones o detenciones. La iniciativa de Godoy no solo acorta los plazos para que las instituciones estatales y municipalidades adapten sus operativos al uso obligatorio de cámaras corporales, sino que endurece las exigencias al establecer que ningún procedimiento podrá realizarse sin el uso activo de estos dispositivos, una vez cumplido el nuevo plazo máximo de doce meses.
La modificación también incluye la obligación institucional de mantener los equipos y prever su financiación en los presupuestos anuales. De esta manera, se elimina cualquier excusa administrativa para postergar la incorporación de esta tecnología, que promete blindar tanto a la ciudadanía como a los propios funcionarios ante denuncias falsas, arbitrariedades o uso excesivo de la fuerza.
El proyecto enfatiza que grabar los procedimientos oficiales no es solo una cuestión técnica, sino un paso decisivo hacia un modelo de gestión pública más democrático, responsable y alineado con los principios de un Estado de derecho moderno. Además de prevenir abusos, las grabaciones servirán como pruebas objetivas, aportando claridad en casos judiciales y reforzando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Mientras la ley duerme en un limbo burocrático desde 2021, miles de procedimientos siguen realizándose sin supervisión audiovisual, dejando abierta la puerta a atropellos impunes y minando el vínculo entre el Estado y la sociedad. La propuesta de Godoy busca cerrar esa grieta y establecer, de una vez por todas, que cada acto de autoridad debe poder ser revisado, analizado y juzgado con base en evidencias claras. Porque en una democracia real, el poder también debe estar bajo vigilancia.