Los casos, remitidos por el Poder Ejecutivo, afectan en su mayoría a intendentes vinculados al oficialismo colorado y estuvieron congelados durante meses en el Congreso.
El debate se da tras sucesivas postergaciones y acuerdos políticos que frenaron el avance de estas solicitudes. Desde sectores opositores, legisladores como Raúl Benítez reclaman que el oficialismo permita la revisión de las gestiones de sus propios correligionarios y no recurra a maniobras de blindaje.
Entre los municipios señalados figuran Ñemby (Central), Tomás Romero Pereira (Itapúa), Emboscada (Cordillera), Ybyrarobaná (Canindeyú), Yby Yaú (Concepción) y Lima (San Pedro). Varios de los intendentes ya enfrentaron cuestionamientos anteriores y lograron salvarse en el Congreso.
Uno de los casos más notorios es el de Hernán Rivas, jefe comunal de Tomás Romero Pereira y padre del senador del mismo nombre, que ya había sido protegido en noviembre de 2023. Está acusado de generar un perjuicio al erario de unos G. 2.000 millones mediante supuestas obras ficticias y el uso de empresas de maletín.
Otro intendente con denuncias es Tomás Olmedo, de Ñemby, quien abandonó la disidencia para sumarse al cartismo. El Ministerio Público lo imputó por lesión de confianza y estafa, mientras los concejales denuncian un desfalco de G. 700 millones. También cuestionan un millonario llamado por excepción para obras de iluminación y retrasos en el pago de salarios municipales. Su caso permaneció paralizado más de un año, producto de pactos de "no agresión" entre colorados y opositores.
En Ybyrarobaná, el cartista César Machuca fue denunciado por malversación y rendiciones de cuentas inconsistentes. A inicios de este año, la Fiscalía allanó la sede municipal en el marco de una investigación por estafa y otros hechos punibles.
En el distrito de Lima, el intendente Juan Manuel Ávalos, del Movimiento Patriótico Popular, no enfrenta imputaciones penales, pero sí observaciones de la Contraloría. Desde la oposición advierten que su caso podría ser usado como moneda de cambio para liberar de responsabilidad a intendentes oficialistas.
El jefe comunal de Yby Yaú, Vidal Argüello, también está cuestionado por presuntas facturas clonadas, mientras que el liberal Silvio Peña, de Emboscada, acumula denuncias desde 2024, aunque sin causas penales abiertas hasta ahora.
La discusión sobre estas seis municipalidades llega al pleno en un contexto marcado por recientes intervenciones a la capital y a Ciudad del Este, lo que abrió el camino para que se destraben pedidos que permanecieron durante años sin tratamiento.