Diputados reactivan ofensiva contra la jubilación parlamentaria y exigen transparencia total
La iniciativa fue presentada ante la Comisión Permanente, presidida por el senador Colym Soroka, y deberá ser analizada en la próxima sesión.
El requerimiento busca obtener datos precisos sobre los aportes mensuales realizados durante el actual período parlamentario, así como la cantidad exacta de beneficiarios que hoy perciben jubilaciones o pensiones con cargo a la Caja Parlamentaria. Los legisladores consideran fundamental transparentar quiénes reciben estos beneficios y bajo qué condiciones, en medio de un creciente cuestionamiento ciudadano a este régimen previsional exclusivo.
El pedido también incluye información detallada sobre la situación financiera del fondo, con énfasis en los estados contables de los últimos cinco ejercicios fiscales, el listado completo de activos y pasivos y el nivel de fondos disponibles tanto al cierre de enero de 2025 como aquellos que podrían destinarse a inversiones. El objetivo es dimensionar con claridad la salud financiera de la Caja y su capacidad real de sostenerse en el tiempo.
Otro de los puntos centrales es el acceso a los informes de auditoría realizados en los últimos cinco años, junto con la identificación de los auditores responsables de cada evaluación. A esto se suma la exigencia de conocer las proyecciones financieras elaboradas por la administración de la Caja, especialmente aquellas orientadas a alcanzar la autosostenibilidad sin recurrir a aportes del Estado.
La solicitud de informes se da en paralelo a un proyecto de ley que Benítez y Ortega ya habían presentado anteriormente, con el objetivo de eliminar por completo la Caja Parlamentaria. Ambos legisladores sostienen que el régimen vigente profundiza la desigualdad, al permitir que diputados y senadores accedan a una jubilación con apenas diez años de aportes, mientras que la mayoría de los trabajadores debe cumplir cerca de treinta años de contribuciones y múltiples requisitos para acceder a una jubilación mínima.
El debate sobre la jubilación VIP vuelve así al centro de la escena política, con una nueva presión desde la oposición para que el sistema previsional del Legislativo sea sometido a escrutinio público. La discusión formal comenzará el próximo 28 de enero, cuando la Comisión Permanente analice el pedido y defina si habilita la remisión de los informes solicitados.