Proyecto de ley

Diputados se preparan para reinstalar el control territorial de los ministros de la Corte Suprema

La Cámara de Diputados se encamina a debatir un proyecto que reabre la puerta a que los ministros de la Corte Suprema vuelvan a ejercer un dominio prolongado sobre las circunscripciones judiciales del país, una práctica que había sido eliminada hace dos años con la intención de frenar la formación de estructuras de poder enquistadas dentro del Poder Judicial.
Poder Judicial

La propuesta restituye el modelo de superintendencias permanentes, figura que en 2023 había sido limitada por la Ley 7058/2023 para obligar a la rotación periódica de los ministros responsables.

El documento, que ya superó el filtro del Senado, plantea una modificación de la Ley 609/1995, devolviendo a los ministros la facultad de permanecer en un mismo distrito judicial sin un límite temporal estricto. En la práctica, esto significa que cada ministro podría volver a administrar una circunscripción durante años, dependiendo exclusivamente de decisiones internas de la Corte, sin la rotación obligatoria que se había establecido para evitar acumulación de poder.

Críticos de la iniciativa advierten que la eliminación de la rotación representa un retroceso institucional y facilita la reaparición de los llamados "feudos judiciales", donde un ministro mantiene influencia directa en nombramientos, sanciones y movimientos de funcionarios. Organizaciones y sectores que promueven la independencia judicial sostienen que esta reforma debilita la transparencia, afecta el control ciudadano y permite que se afiancen redes de poder con poco contrapeso.

Si bien inicialmente se había intentado incorporar al proyecto la vuelta del voto secreto para la elección de autoridades internas de la Corte, esa modificación fue retirada. No obstante, la reposición del modelo de superintendencias ya es considerada por especialistas como un giro negativo que contradice los esfuerzos por modernizar y despolitizar el funcionamiento del Poder Judicial.

El tratamiento acelerado del proyecto en Diputados, previsto antes del inicio del receso legislativo, encendió señales de alarma entre actores que consideran que la reforma se impulsa sin un debate profundo y sin evaluar sus implicancias sobre la independencia judicial. Para estos sectores, la aprobación apresurada del texto significaría reinstalar prácticas que habían sido corregidas precisamente para evitar la concentración excesiva de poder dentro de la Corte Suprema.