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La postergación vuelve a colocar en el centro de la discusión la lentitud con que el cuerpo aborda asuntos de alto impacto político, mientras sí incorpora a su agenda otros proyectos de menor peso institucional.
El caso de Baruja sigue generando fuerte controversia luego de los cuestionamientos por la adjudicación de departamentos al expulsado senador Javier "Chaqueñito" Vera, así como a familiares de la senadora cartista Zenaida Delgado y al secretario privado del propio ministro. A esto se suman denuncias y reportes sobre un presunto direccionamiento de viviendas sociales a operadores y referentes políticos en distintos puntos del país, lo que alimentó la presión de sectores opositores y disidentes para impulsar una interpelación formal.
Pese a la gravedad de esas acusaciones, la Cámara resolvió entrar en un largo receso por Semana Santa antes de tratar el tema. De esta manera, el expediente quedó incluido entre los puntos que serán considerados recién en la sesión del martes 7 de abril, una decisión que no pasa inadvertida en medio del escándalo político que envuelve al titular del MUVH.
En contraste, el orden del día sí incorporó iniciativas de otro tenor, entre ellas un proyecto que pretende establecer reglas de seguridad para el uso de monopatines eléctricos en zonas urbanas. La propuesta parte de la necesidad de fijar criterios de circulación y prevención ante el crecimiento de estos medios de transporte en las ciudades, pero su inclusión en la agenda legislativa generó inevitablemente comparaciones con la demora en el tratamiento de cuestiones de mucha mayor sensibilidad política.
La nómina de asuntos a ser estudiados también contempla el análisis del rechazo del Senado a un proyecto de ley que buscaba establecer un protocolo especial para la búsqueda digital de personas desaparecidas. Además, figura una propuesta para modificar el régimen de subasta de vehículos abandonados, con el objetivo de permitir a los municipios accionar judicialmente en los casos en que automóviles con resolución judicial no sean retirados por sus propietarios y continúen ocupando espacios públicos.
A esto se añaden otras iniciativas vinculadas a infraestructura y transporte, como la declaración de emergencia vial en un tramo de la ruta PY02 en Ciudad del Este y un proyecto para reorganizar el sistema de puestos de peaje del MOPC. Sin embargo, entre los temas ausentes del orden del día sobresale uno particularmente sensible en el actual contexto de ajuste y restricciones: no aparece el proyecto orientado a eliminar bonificaciones escandalosas y otros gastos considerados superfluos dentro del ámbito político.
La omisión de ese plan de recorte resulta todavía más llamativa por coincidir con el discurso oficial de austeridad y con la llamada "economía de guerra" instalada por el propio Gobierno. Mientras se reclama sacrificio y se habla de estrechez fiscal, la Cámara no incluyó entre sus prioridades inmediatas una iniciativa que apunta precisamente a reducir privilegios, combustibles, viáticos, catering, regalos y otros desembolsos cuestionados dentro del aparato estatal.
Según trascendió, ese proyecto podría ser derivado eventualmente a una sesión extraordinaria en la misma fecha, pero por ahora no integra la convocatoria principal. Así, el mensaje político que deja Diputados es incómodo: posterga un caso explosivo como el de Baruja, se toma una semana completa de pausa legislativa y deja fuera de su agenda ordinaria una discusión que toca directamente los beneficios de la clase política.
