Ayer, la Cámara de Diputados volvió a postergar el tratamiento de los expedientes relacionados con siete municipios cuestionados por presuntas irregularidades administrativas, dejando en suspenso cualquier definición antes de las internas partidarias previstas para el próximo 7 de junio. Los casos pendientes corresponden a los municipios de Lima, Emboscada, Tomás Romero Pereira, Yby Yaú, Ñemby, Ybyrarobaná y Juan León Mallorquín.
Mientras que en el caso de Lima ya debe definirse directamente si corresponde o no la intervención municipal, en las otras seis comunas continúa pendiente la conformación de comisiones especiales encargadas de estudiar los pedidos presentados.
El diputado Roberto González solicitó durante la plenaria que los expedientes sean incluidos para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Baja. "Probablemente habría averías muy graves en estos intendentes, por eso la protección a los mismos", expresó el legislador al cuestionar la demora en el análisis de los casos.
Entre los municipios observados figura Tomás Romero Pereira, cuya administración está a cargo de Hernán Ysidro Rivas, padre del exsenador Hernán Rivas. La gestión enfrenta denuncias relacionadas con supuestas obras inexistentes.
En Ñemby, el pedido de intervención contra el intendente Tomás Olmedo fue aprobado por la Junta Municipal en agosto de 2024, en medio de denuncias e incluso una imputación en su contra.
En Emboscada, concejales municipales denunciaron presuntas irregularidades vinculadas a obras inconclusas, mientras que en Yby Yaú también existen cuestionamientos a la administración comunal.
Por otra parte, en Ybyrarobaná los concejales rechazaron la rendición de cuentas presentada por el intendente, y en Juan León Mallorquín se reportaron observaciones relacionadas con la gestión administrativa.
En el caso de Lima, las denuncias apuntan a un supuesto faltante de G. 514 millones en la administración municipal.
La falta de avance en el estudio de los expedientes generó críticas desde sectores de la oposición, que consideran que existe una intención de evitar medidas políticas contra los intendentes antes del proceso interno de los partidos.