PolíticaPedido de informe
Uno de ellos está enfocado en el cumplimiento de la Ley N.º 6789/21 por parte de las empresas de transporte público, mientras que el otro apunta a esclarecer los fundamentos normativos detrás del depósito de garantía exigido por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en los trámites de radicación.
La solicitud al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), específicamente al Viceministerio del Transporte, fue promovida por el diputado colorado Rodrigo Gamarra, representante del departamento Central. El legislador explicó que su planteamiento obedece a la creciente cantidad de reclamos por parte de los usuarios del sistema de transporte colectivo, quienes denuncian desde vehículos en condiciones deplorables hasta incumplimiento de horarios y accidentes derivados del mal servicio.
Gamarra hizo hincapié en que los reportes sobre caídas de pasajeros, incluso con consecuencias fatales, son prueba de una alarmante desidia en la gestión de las empresas permisionarias. En ese sentido, remarcó la importancia de aplicar rigurosamente la normativa vigente, que faculta a la autoridad competente a cancelar itinerarios, licencias y subsidios a las empresas que no se adecuen a las exigencias legales.
Según el parlamentario, la correcta aplicación de la Ley 6789 podría transformar de manera positiva el sistema de transporte, ofreciendo mayor seguridad y eficiencia a miles de usuarios que dependen diariamente del servicio, especialmente trabajadores y estudiantes.
En paralelo, y también a iniciativa del mismo diputado, el pleno dio luz verde a un segundo pedido de informe, esta vez dirigido al BNF. El propósito de esta solicitud es obtener detalles sobre el sustento legal y la fecha de entrada en vigencia de la exigencia de un depósito de garantía como parte del proceso de radicación.
Esta disposición afecta a personas físicas y jurídicas interesadas en establecerse formalmente en Paraguay, en sectores clave como el industrial, el de transporte o el de inversión extranjera. El depósito de garantía tiene como objetivo garantizar la buena fe de los solicitantes y evitar prácticas irregulares durante los trámites.
No obstante, Gamarra cuestionó que esta medida no habría sido adecuadamente comunicada y que existen dudas sobre su legalidad. Por ello, la intención es que el BNF aclare con precisión los aspectos jurídicos que sustentan esta exigencia y determine cuándo fue puesta en marcha, con el fin de garantizar mayor transparencia institucional.
Ambas propuestas fueron aprobadas por la Cámara Baja y ahora se aguarda que las instituciones involucradas respondan dentro de los plazos legales establecidos.
