Diputados exigen al Ejecutivo transparentar procesos de intervención municipal
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Ministerio del Interior que remita un informe detallado sobre los pedidos de intervención a municipalidades, especialmente aquellos que aún no han sido elevados al Congreso Nacional a pesar de haber sido presentados por juntas municipales. Además, se exige conocer la situación de los procesos de intervención a los municipios de Asunción y Ciudad del Este, así como de otros pedidos de intervención que permanecen sin resolución ni aprobación.
La iniciativa fue promovida por el diputado colorado Roberto González, quien viene denunciando reiteradamente los prolongados y llamativos retrasos en la tramitación de ciertos pedidos de intervención, particularmente en casos que involucran a intendentes cuestionados por supuestas irregularidades administrativas.
El documento aprobado exige al titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera, que informe si la Junta Municipal de la ciudad de Tomás Romero Pereira (departamento de Itapúa) presentó denuncias y solicitud de intervención en contra del intendente Hernán Ysidro Rivas, dirigente del movimiento Honor Colorado y padre del actual senador cartista Hernán David Rivas. Cabe recordar que dicho pedido, según documentos oficiales, se encuentra en poder del Ministerio del Interior desde mayo de este año, pero hasta el momento no fue remitido al Poder Ejecutivo ni mucho menos al Congreso, lo que genera suspicacias sobre una eventual protección política.
Además, se solicita al ministro que precise si la Junta Municipal de Emboscada (Cordillera) también realizó una denuncia formal con pedido de intervención en contra del jefe comunal Silvio Andrés Peña, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En este caso, el pedido fue ingresado al Ministerio del Interior el 23 de junio pasado, sin que hasta la fecha se haya dado curso al procedimiento correspondiente.
El legislador González exige que se informe con exactitud la fecha de ingreso de ambos pedidos, así como las razones por las cuales los mismos no fueron elevados al Poder Ejecutivo, conforme lo establece la Ley N.º 317/94, que regula las intervenciones a gobiernos municipales y departamentales. Asimismo, recuerda que el artículo 165 de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo debe remitir los pedidos de acuerdo constitucional a la Cámara de Diputados para su estudio.
El plazo legal que tiene el ministro del Interior para responder a este tipo de requerimientos es de 15 días hábiles. Con esta resolución, los diputados buscan presionar al Ejecutivo para que cumpla con los plazos legales y evite discrecionalidades en la evaluación de las solicitudes de intervención, en aras de la transparencia y la institucionalidad democrática.