En primer lugar, se remitió un pedido formal a la Dirección Nacional de Aduanas para que informe con precisión sobre las operaciones de exportación de oro realizadas en los últimos tres años. La solicitud incluye detalles sobre el volumen total exportado entre 2022 y mayo de 2025, el listado de países de destino, los ingresos económicos generados y la identificación de las empresas involucradas en dichas operaciones.
Uno de los puntos centrales del requerimiento es determinar si todas las exportaciones fueron realizadas en cumplimiento con la legislación vigente, particularmente con las disposiciones del Viceministerio de Minas y Energía, tal como lo establece el artículo 112 de la Constitución Nacional y otras normativas específicas del sector minero.
En paralelo, se presentó otro pedido de informes dirigido a la ANDE, con el objetivo de precisar el monto de la deuda que mantiene la Administración Central con la entidad estatal de energía, desde la entrada en vigencia de la Ley 3.480/08. Esta norma, que introdujo una tarifa social para beneficiar a sectores económicamente vulnerables, habría generado un impacto financiero que, hasta ahora, no fue debidamente cuantificado ni saldado por el Estado.
El legislador Chávez remarcó la importancia de contar con cifras claras y actualizadas que permitan evaluar el peso real que representa esta política sobre las finanzas de la ANDE. El documento aprobado establece un plazo de 15 días corridos para la remisión de los informes tanto en formato físico como digital.