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La iniciativa introduce un nuevo agravante dentro del artículo 289 del Código Penal y establece que quienes formulen acusaciones falsas que provoquen prisión preventiva u otras medidas restrictivas podrán recibir penas de hasta seis años de cárcel.
El proyecto fue impulsado por el diputado cartista Yamil Esgaib, quien argumentó durante el debate que el objetivo es otorgar mayor rigurosidad al sistema judicial frente a casos en los que personas resultan procesadas injustamente a partir de acusaciones falsas o manipuladas.
Actualmente, la legislación contempla penas de hasta cinco años de prisión o multa para quienes, sabiendo que una acusación es falsa, promuevan procedimientos judiciales contra otra persona mediante denuncias, simulación de pruebas o atribuciones falsas de hechos punibles.
Con la modificación aprobada en la Cámara Baja, se incorpora un nuevo numeral que aumenta el castigo cuando la denuncia haya provocado medidas restrictivas de libertad dentro de una causa penal.
Además del aumento de la pena, el proyecto también contempla la obligación de reparación o compensación económica a favor de la persona afectada por la acusación falsa.
Durante la exposición de motivos, el proyectista sostuvo que la propuesta busca fortalecer la protección de la administración de justicia y evitar que el sistema penal sea utilizado de manera abusiva para perjudicar a terceros.
El legislador afirmó que en varios países de la región ya existen discusiones similares para endurecer sanciones relacionadas con denuncias falsas, especialmente en procesos vinculados a violencia familiar y violencia contra la mujer.
Según explicó, la intención es promover investigaciones más exhaustivas y responsables, resguardando tanto a las verdaderas víctimas como a las personas que eventualmente puedan ser acusadas sin fundamentos.
El texto aprobado establece que será castigado quien, a sabiendas y con el objetivo de provocar o sostener un procedimiento judicial contra otra persona, formule denuncias falsas, atribuya públicamente hechos punibles inexistentes o fabrique pruebas en su contra.
En caso de que esas acciones desemboquen en prisión preventiva u otra medida restrictiva de libertad, la pena podrá elevarse hasta seis años de cárcel.
La propuesta ahora deberá ser remitida a la Cámara de Senadores para continuar su trámite legislativo. Si obtiene sanción definitiva y posterior promulgación del Poder Ejecutivo, la modificación quedará incorporada formalmente dentro del Código Penal paraguayo.
El proyecto ya comenzó a generar debate entre distintos sectores jurídicos y políticos, especialmente por el posible impacto que podría tener en causas sensibles relacionadas con denuncias de violencia y otros delitos de alta exposición pública.
