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El texto original, que venía del Senado, proponía llevar el máximo a 15 años, pero los diputados decidieron reducirlo a 10 tras un dictamen de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer. La presidenta de la comisión, Rocío Abed, explicó que la nueva redacción permite al juez aplicar esta pena solo en circunstancias excepcionales, cuando no existan otras medidas suficientes para garantizar la educación, protección y reinserción del adolescente.
El documento deberá volver al Senado para un nuevo análisis, ya que sufrió modificaciones en su tratamiento en Diputados. La fundamentación señala que las estructuras criminales suelen utilizar a menores en actividades ilícitas porque las sanciones actuales resultan leves, lo que a la vez expone a los adolescentes a mayores riesgos de violencia y explotación.
La propuesta también introduce otros mecanismos como evaluaciones periciales obligatorias para determinar la capacidad de discernimiento del infractor, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil que combine sanciones con programas de rehabilitación y reinserción, y criterios que tengan en cuenta la proporcionalidad, reincidencia y madurez psicológica de cada caso.
