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La iniciativa fue aprobada con respaldo de distintos sectores políticos, incluidos legisladores cartistas, lo que desató fuertes cuestionamientos de la oposición y de sectores disidentes del oficialismo, que recordaron que gran parte de quienes hoy reconocen la crisis fueron defensores de la administración de Jorge Magno Brítez.
La normativa busca otorgar facultades excepcionales a la administración encabezada por Isaías Fretes, permitiendo agilizar contrataciones, obras, incorporación de personal y compras directas para enfrentar el colapso operativo de la previsional.
Durante el debate, varios legisladores señalaron que el IPS atraviesa uno de los peores momentos de su historia, con denuncias constantes por desabastecimiento de insumos, ascensores fuera de servicio, precariedad hospitalaria y una creciente indignación de los asegurados.
Uno de los discursos más duros fue el del diputado liberal Diosnel Aguilera, quien sostuvo que la previsional ya no atraviesa solo una emergencia, sino una situación crítica producto de años de manejo político y despilfarro. Afirmó que muchos de los mismos sectores que hoy impulsan medidas urgentes fueron quienes sostuvieron y defendieron la administración anterior.
La iniciativa fue impulsada por el diputado cartista Yamil Esgaib, cuya exposición generó cuestionamientos debido a que defendió parcialmente la gestión de Jorge Brítez, aunque al mismo tiempo utilizó el deterioro actual del IPS como fundamento para solicitar la declaración de emergencia.
También el diputado colorado disidente Roberto González apuntó contra la contradicción del oficialismo y recordó que tiempo atrás había planteado una propuesta similar para declarar en emergencia al sistema de salud pública, pero que en ese momento no obtuvo respaldo de la mayoría cartista. Señaló que recién ahora varios legisladores "se dieron cuenta" de la magnitud de la crisis.
Otro de los momentos más tensos de la sesión se produjo cuando el diputado Mauricio Espínola emplazó públicamente al presidente del IPS a dejar sin efecto una millonaria licitación vinculada al servicio de jardinería de la institución. El parlamentario sostuvo que esa decisión sería una verdadera prueba de carácter para Isaías Fretes.
El contrato mencionado corresponde al servicio de poda, limpieza y mantenimiento de espacios externos del IPS a nivel nacional, adjudicado por más de G. 44.000 millones al Consorcio Pro Verde. Dentro de ese grupo figura la firma Wels S.A., empresa en la que anteriormente participó Manuel Peña, hermano del presidente Santiago Peña.
Espínola sostuvo que, si realmente existe intención de transparentar la administración de la previsional y combatir los excesos, la nueva conducción debe empezar por revisar ese tipo de adjudicaciones multimillonarias.
En contrapartida, el diputado cartista Néstor Castellano salió en defensa de Jorge Brítez y pidió evitar cuestionamientos personales contra el ex titular del IPS. Señaló que le tocó asumir una etapa complicada y aseguró que realizó el mejor trabajo posible dentro de las circunstancias que enfrentó durante su administración.
La aprobación del proyecto también abrió el debate sobre una eventual reforma de la Carta Orgánica del IPS, posibilidad que fue deslizada por sectores oficialistas durante la sesión y que genera preocupación en algunos sectores políticos y sindicales ante la posibilidad de modificaciones profundas en el funcionamiento de la previsional.
