PolíticaTenso clima político
La Cámara de Diputados convocó para este martes 19 de agosto, a las 10:00, una sesión extraordinaria para tratar el informe final de la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. La comisión especial que acompañó el proceso dictaminó por mayoría a favor de la destitución del intendente suspendido, Miguel Prieto; hubo un dictamen en minoría que aconseja lo contrario.
Cómo se llegó hasta aquí
La intervención, solicitada con base en hallazgos de la Contraloría General de la República, se inició el 23 de junio y fue encomendada al economista Ramón Ramírez. El 14 de agosto, Ramírez elevó su informe final al Ministerio del Interior para remisión al Poder Ejecutivo y, de allí, a Diputados, como prevé la normativa.
El marco legal aplicable —art. 165 de la Constitución y la Ley 317/94— faculta a la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, a destituir a un intendente si, tras la intervención, se acredita grave irregularidad presupuestaria o administrativa.
Qué dice el informe: malversación, caja paralela y otras anomalías
Según el interventor, la administración de Prieto habría incurrido en malversación por más de G. 29.000 millones, al desviar a gastos corrientes recursos presupuestados para bienes de capital y obras. Además, denunció la existencia de una "caja paralela" para el cobro de impuestos inmobiliarios.
El dictamen mayoritario de la comisión especial citó también mal uso de combustible, el desvío de inversiones de capital a gasto corriente, la existencia de cajas paralelas y cheques efectivizados por funcionarios.
La Contraloría había estimado inicialmente el desvío en torno a G. 42.000 millones; la intervención habló luego de G. 29.000 millones tras revisar legajos de pago, diferencia que el propio Ramírez explicó públicamente.
La filtración de audios y el giro del caso
Durante el fin de semana y a lo largo del lunes 18 se viralizaron audios atribuidos al interventor. En uno de los fragmentos transcritos por la prensa, se oye la frase sobre "matar" —a nivel técnico— a "este monstruo que se llama Miguel Prieto", y referencias a un "regalo de Reyes". El interventor admitió que la voz es suya, pero sostuvo que los audios están editados y manipulados.
Ramírez calificó la filtración como una "jugada de mafiosos" y aseguró que su despacho fue violentado. Dijo que hubo presiones "de todos los colores", pero defendió el blindaje técnico del informe.
Espionaje y una detención: lo que investiga la Fiscalía
El fiscal Osvaldo Zaracho confirmó el hallazgo de cables secundarios que podrían corresponder a un dispositivo de escucha en la oficina del interventor. La hipótesis es que el artefacto fue retirado tras el ingreso irregular al despacho. Paralelamente, fue detenido el suboficial mayor Efrén Mendoza, cuyas huellas fueron halladas en una de las puertas de la oficina; la causa se investiga como hurto agravado.
Más tarde, otra crónica informó del allanamiento a la Comisaría 1ª de CDE y de que el procedimiento por los audios filtrados seguía en curso.
La versión de Miguel Prieto
En un mensaje difundido el lunes 18, Prieto habló de "persecución política" y calificó de "terrorista" el accionar del Estado contra opositores. Agradeció el apoyo ciudadano y señaló que, de producirse su destitución, se retirará "con la frente en alto".
Como contexto político, Prieto ya había manifestado en 2024 su intención de competir por la Presidencia en 2028, posicionamiento que hoy sus críticos vinculan con la disputa por el control de CDE y su proyección nacional.
La respuesta del interventor
Ramírez insiste en que el informe es técnico y auditable, niega negociaciones indebidas y sostiene que parte de los audios fueron recortados para perjudicarlo. Entre sus aclaraciones públicas, explicó la diferencia entre el cálculo de la Contraloría (G. 42.000 millones) y el de la intervención (G. 29.000 millones), y rechazó interpretaciones sobre supuestos favores a su hija por una pasantía no remunerada.
Qué se vota este martes y qué podría pasar después
Diputados deberá resolver si avala o no el informe final de la intervención. De aprobarse y configurarse las causales del art. 165, la Cámara puede destituir al intendente; de ocurrir, corresponde convocar a elecciones municipales, conforme el esquema constitucional y la doctrina electoral reiterada por autoridades y especialistas.
